Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Audiencia Nacional recibe petición de Justicia para emitir informe sobre el indulto de Pamies y Ballesteros

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recibido del Ministerio de Justicia sendas peticiones de indulto solicitadas por los autores del 'chivatazo' a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros, cuya condena de año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de julio.
Fuentes jurídicas han confirmado que sendas peticiones llegaron a esta sección, encargada de la ejecución de las sentencias, los pasados 31 julio y 1 de agosto y que ahora esta tribunal deberá pedir certificado de antecedentes penales de ambos condenados, informe al fiscal y emitir informe sobre la idoneidad de la aplicación de la medida de gracia.
El Supremo rechazó la pretensión de las acusaciones particulares para que los policías fueran condenados también por un delito de colaboración con organización terrorista. La resolución contó con tres votos particulares.
El alto tribunal apreció la gravedad de la conducta de los condenados, que dieron a conocer "a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha, por lo que el daño derivado fácilmente se comprende que es grave por afectar no a una actividad aislada sino a un entramado organizativo de más difícil investigación ante una posible desaparición de pruebas o adopción de medidas precautorias·.
Y todo ello, según dijo el Supremo, "al margen del intento de favorecer el proceso de negociación, dado que la vía subrepticia elegida suponía una clara quiebra de principios de actuación judicial y policial, con asombro de los propios informados, y que implicaba un menoscabo y entorpecimiento del servicio público y un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración".