Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Audiencia Nacional analizará hoy si archiva tres causas tras la limitación de la justicia universal

El Pleno de la Sala Penal se pronunciará sobre el 'caso Ellacuría', los campos de concentración nazis y un caso de ablación
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizará hoy si archiva, por la limitación del principio de justicia universal, las causas en las que se investigan el asesinato en El Salvador del jesuita Ignacio Ellacuría, las matanzas en los campos de concentración nazis y un caso de ablación en Gambia, informaron fuentes jurídicas.
Los magistrados de este órgano, superior jerárquicamente a los jueces instructores, tienen que decidir si ordenan a los magistrados el archivo de estos procedimientos o les autorizan a continuar con las investigaciones.
En el 'caso Ellacuría', el Pleno tiene que determinar si refrenda la decisión del juez Eloy Velasco de continuar instruyendo el procedimiento por un delito de asesinato terrorista o incluye también los delitos conexos de lesa humanidad, como hizo Pablo Ruz en la causa en la que se investiga la muerte del funcionario español Carmelo Soria y Santiago Pedraz con la relativa al genocidio de Guatemala.
Ellacuría y otras siete personas murieron el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad José Cañas de El Salvador tras ser atacados por un escuadrón militar. Un total de 13 antiguos miembros del Ejército están procesados por estos hechos.
El Pleno también tiene que pronunciarse sobre el archivo decretado por el juez Ismael Moreno de la investigación por delitos de genocidio y lesa humanidad que abrió contra cuatro responsables nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por abusos cometidos entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.
La tercera causa que será analizada se dirige contra los padres de una niña a la que se le practicó una mutilación genital en Gambia en el año 2005. En concreto, la Audiencia Nacional deberá determinar si debe prevalecer el principio de justicia universal en su actual redacción o el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que entró en vigor el pasado 1 de agosto.
ASPECTOS FORMALES
Además, el Pleno de la Sala de lo Penal abordará cuestiones formales relativas a las causas en las que se investigan el genocidio de Guatemala y la muerte en Irak del cámara José Couso. Según fuentes jurídicas, este órgano deberá decidir si el juez Santiago Pedraz debe concluir las investigaciones y elevarlas a la Sala para que en otro Pleno se decida sobre si es procedente o no su archivo.
Este órgano avaló el pasado 6 de junio la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción de la causa en la que investiga la muerte de Couso aunque no entró en el fondo del asunto. El día 23 del mismo mes acordó, por nueve votos contra siete, archivar las dos causas que se seguían contra China por el genocidio y las torturas que se habrían cometido en el Tíbet y la represión contra los miembros del grupo Falun Gong.
La Disposición Transitoria Única incluida en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que supuso la limitación de la jurisdicción universal, obliga al sobreseimiento de todas las causas que no cumplan los nuevos requisitos que limitan la justicia universal.
La medida, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, provoca que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También es requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.