ETA-UDALBILTZA

La Audiencia Nacional juzga a 22 miembros de la asamblea de electos de Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá entre 10 y 15 años de cárcel para 22 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, en el juicio que comenzará el próximo jueves por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos.
Fotografía de archivo fechada el 23 de mayo de 2003 de (iz-d) Loren Arkotxa, presidente de la Asamblea de Electos de Batasuna;el ex responsable de KAS,Xabier Alegria; y el presunto miembro del entramado financiero de ETA Joseba Mikel Garmendia, tres de las 22 personas que juzgará la Audiencia Nacional. EFE/Archivo

El Ministerio Público considera en su escrito de conclusiones provisionales que la citada organización era "una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA a través de EKIN (su aparato político)" y de la ilegalizada Batasuna.

El fiscal pide diez años de prisión por pertenencia a ETA para los 22 procesados, y otros cinco años de cárcel para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- por el delito de malversación de fondos públicos.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa, "sus locales y establecimientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren".

Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1 por ciento de sus presupuestos anuales o bien el 1,4 por ciento de sus ingresos ordinarios) y para la captación de subvenciones públicas.

El fiscal hace referencia en su escrito a todos los indicios sobre el funcionamiento "alegal" de Udalbiltza-Kursaal recabados por el juez Baltasar Garzón en la causa que abrió en 2003.

Así, relata cómo se creó Udalbiltza, el 24 de febrero de 2001, cuando se celebró en el Kursaal de San Sebastián la primera Asamblea de esta plataforma que, "en forma alegal, actuará bajo la única dirección de ETA-EKIN".

En esa misma Asamblea, se aprueba el primer presupuesto correspondiente a 2001 que asciende a 991.670 euros para sufragar nueve comisiones de trabajo, y se decide también dar cauce a la plataforma Bai Euskal Herria (Sí a Euskal Herria) para que dinamice la "Declaración de nacionalidad de Euskal Herria", consistente en la elaboración de un documentación de identidad vasco (EHNA).

El fiscal recuerda que esta plataforma surgió durante la tregua decretada por ETA entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, como fruto de los contactos entre miembros del PNV-EA y responsables de la banda terrorista, que dieron lugar a una serie de acuerdos, como el llamado pacto de Estella, bajo el que se amparó la constitución de la citada entidad.

Sin embargo, la discrepancia de los representantes del PNV y EA sobre cuál era el modelo a seguir con Udalbiltza y, "en especial el carácter alternativo" que ETA había diseñado para Udalbiltza, "hace que la organización terrorista dé por finalizada la 'tregua' en noviembre de 1999".

Tras esa ruptura, ETA-EKIN y la Izquierda Abertzale reactivan su proyecto de Udalbiltza, con el que pretenden no "sólo burlar las resoluciones judiciales" que desbarataron el entramado político, social y financiero de ETA, sino "presentar candidaturas electorales locales" que aseguren "el control de ETA-EKIN" y que "constituyan el embrión del futuro partido" que sustituiría a Batasuna.

El pilar de este proyecto son los ayuntamientos, cuya legalidad se aprovechará "para generar espacios de alegalidad como Udalbiltza que se financien, al menos en parte, con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones que, a su vez, lo son de la estructura alegal ETA-EKIN".

Todo ello, "con el fin de dotar a Udalbiltza-Kursaal de cierta capacidad jurídica que le permita su actuación en el tráfico jurídico-mercantil y así poder dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social, contratar líneas telefónicas, abrir cuentas bancarias, alquilar o adquirir locales" y para ello constituyen las asociaciones cuya clausura definitiva pide ahora el fiscal.

El juicio está señalado para los días 15, 16, 22 y 23 de julio y 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de septiembre.

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