La Audiencia Nacional archiva una querella de la CIG por emisión de preferentes por parte de las cajas gallegas

En un auto hecho público este miércoles, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel aseguran que la Audiencia Nacional no es competente para investigar a los exdirectores generales de las entidades y las personas que integraban la comisión delegada de los consejos de administración de las cajas desde el año 2003.

Insisten en que, al igual que sucedió con una denuncia previa por los mismos hechos presentada por el sindicato, no pueden admitir la denuncia. "La respuesta sigue siendo la misma: la falta de competencia de este órgano judicial para tramitar la querella, dado que no reúne los requisitos establecidos en el árticulo 65 de la LOPJ", dice el auto.

La legislación establece que la Audiencia Nacional es competente para conocer aquello hechos que "puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

El sindicato gallego presentó la querella para reclamar "justicia" ante "la complicidad de los gobiernos centrales y autonómicos y de los organismos supervisores y de control", entre los que cita a Banco de España y FROB.

Con anterioridad, presentó junto al sindicato vasco ELA una querella contra los gobiernos y el Banco de España que fue archivada. En 2011, también, denunció ante la Fiscalía General del Estado --que dio traslado a Anticorrupción-- a los exdirectivos de Novacaixgalicia. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y presentó posteriormente una querella por el cobro de indemnizaciones multimillonarias.

DELITOS

El sindicato anunció que había identificado entonces 79 personas, entre las que se encontraban los antiguos directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los que eran presidentes de las cajas, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, a los que atribuía "la ideación y ejecución de un plan de captación fraudulenta de ahorro del público minorista, con objeto de financiar sus entidades, en situación financiera deficitaria".

Entre los delitos que les atribuían, figuraban estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.