Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Audiencia juzga desde este martes a Nadal y otros exaltos cargos baleares por desviar 75.654 euros

La Fiscalía pide un total de 19 años de cárcel para los cinco acusados que se sentarán en el banquillo
La Audiencia Provincial de Baleares juzgará desde este martes al exvicepresidente del Consell de Mallorca y expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal y a otros exaltos cargos de la extinta formación, por presuntamente desviar 75.654 euros del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente del Govern, en servicios no prestados o carentes de utilidad para la Administración. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 19 años de cárcel para los cinco acusados que se sentarán en el banquillo.
Nadal, quien se encuentra en prisión desde agosto de 2013, volverá a juicio tras haber sido condenado en firme a dos años y tres meses por desviar 240.000 euros del Consell a la productora que tanto él como la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar controlaban mediante testaferros; a cuatro años por gratificar con 13.080 euros públicos al exalcalde de Sóller Tomás Plomer por sus trabajos en favor de UM, y a otros cuatro años por el caso Can Domenge.
El que fuese antiguo 'delfín' político de Munar se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por presuntos delitos de malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas, mientras que también serán juzgados el exgerente del Inestur Antonio Oliver (cuatro años y medio); el exjefe del área económica de esta empresa Álvaro Llompart (dos años); el extécnico y excoordinador de Informática Carlos Martínez (cuatro años y medio), y la mujer de éste, Sandra Díaz (otros cuatro).
Todos ellos serán juzgados por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en el marco de la pieza cinco del conocido como caso Voltor.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, todos los acusados, aprovechando el cargo que ostentaban en la Conselleria de Turismo y sus organismos, se pusieron de común acuerdo para beneficiar con fondos públicos a Martínez y a su esposa, a pesar de que por su condición de empleados públicos de la Conselleria -lo que conocían el resto de inculpados- no podían prestar servicios profesionales al Inestur.
Aún así, a través de dos sociedades que Martínez habría creado expresamente para ello -Mediterránea 2F Consulting y TCP/IB Technologic, cuya administradora era su mujer-, fueron contratados supuestamente por orden de Nadal entre 2007 y 2010, durante la pasada legislatura del Pacte, por servicios que no supusieron trabajo o contraprestación alguna.
Entre estos expedientes se encuentra el relativo a la instalación de cámaras web externas en hoteles de Cala Millor, Alcúdia, Santanyí, Magalluf y Palma, por más de 7.200 euros, a pesar de que éstas no contaban con los permisos previstos por la Ley. La propuesta y aprobación de los gastos de los contratos corrieron a cargo de Llompart y Oliver.
Durante su declaración en fase de instrucción, Nadal atribuyó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich, y a los representantes hoteleros la decisión de instalar cámaras en las playas de Mallorca tras los atentados que ETA perpetró en 2009 en Palmanova, al tiempo que defendió la tramitación por la que fue adjudicada su colocación.
Por su parte, Álvaro Llompart, excontable a su vez de UM, negó haber instado al informático a crear expresamente varias sociedades para cobrar del Inestur, y llegó a definir a Martínez como "un hombre que se pega al poder y de confianza, y que se dedicaba a vivir a la sombra de la gente con poder para aprovecharse".
Finalmente, el coordinador de Informática justificó que facturó más de 70.000 euros a la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, a través de dos sociedades que creó para poder cobrar las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, todo ello, ha recalcado, siempre a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública.