La Audiencia balear delibera este martes si excarcela a Romanov tras dos años en prisión

El tribunal ha acordado que esta diligencia se practique por videoconferencia desde el centro penitenciario de Palma, donde el procesado está ingresado, por razones de seguridad y para evitar las inconveniencias derivadas de los traslados de presos.

La defensa de Romanov, para quien la Fiscalía reclama 17 años de cárcel, reclama la puesta en libertad de su patrocinado al aseverar que éste ya ha cumplido el máximo legal de dos años en prisión preventiva, un periodo que, no obstante, puede prorrogarse dos años más para el caso de delitos penados con más de tres años de privación de libertad.

En concreto, el Ministerio Público le acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo organizado para delinquir.

Los abogados de Romanov piden asimismo que se anule todo el proceso "ante la insustancialidad de las pruebas acumuladas sobre las que intenta sostenerse el caso", apuntando a "la falta de rigor de la causa, la falsificación de firmas y pruebas, y lo que es más grave aún si cabe, que nadie se dignó a investigar en España si los presuntos hechos por los que se le pretende juzgar están fundamentados en Rusia o sólo son una especulación fruto de la asociación de ideas y prejuicios basados en que un empresario de éxito y ruso sólo puede ser mafioso".

Romanov ingresó en prisión provisional en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

La investigación se había iniciado 20 meses antes, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales de Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el Hotel Mar y Pins, y cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que la organización criminal 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. De acuerdo a las investigaciones, Romanov es una pieza clave en este esquema y ha sido auxiliado por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales.

ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD DE 'TAGANSKAYA'

De hecho, los investigadores postulan que 'Taganskaya' es una de las principales organizaciones criminales asentadas desde los años noventa en Moscú, compuesta por más de 50 miembros y especializada en raids, fraudes bancarios, extorsiones y ejecución de asesinatos por encargo. Romanov es miembro activo de la misma y ya fue condenado a tres años y medio en Rusia por fraude a gran escala.

Es más, sostienen cómo su mujer, Natalia Borisovna y los padres de ésta como testaferros, forman parte de la red societaria utilizada para la comisión delictiva.

Además, tras introducir en España el dinero procedente de la organización criminal a fin de aflorarlo en el mercado y conferirle apariencia de licitud, el matrimonio se rodeó de un grupo de personas a su servicio en el que se incluía un agente inmobiliario, un abogado, un policía, una empleada "fiel", un asesor fiscal y varios 'hombres de paja' con el objetivo de facilitar las inversiones y obtener la mayor rentabilidad posible.

COMPRA DEL HOTEL MAR I PINS

De este modo fue como el 24 de febrero de 2010 Romanov, a través de su empresa Natali Mar i Pins, formalizó la compra ante notario del hotel del mismo nombre y una vivienda anexa. El precio escriturado era de 5,95 millones de euros, lográndose así la adquisición de un inmueble de alto valor, con perspectivas turísticas en una zona privilegiada de Mallorca y emprendiendo después costosas obras de reforma del hotel y la vivienda donde pasaron a residir.

Una compra y reforma para las cuales el matrimonio comenzó a transferir del entramado criminal numerosas cantidades a cuentas corrientes gestionadas por ambos, hasta un total de 12,8 millones, según relata el auto.

Tras ello, el grupo pretendía incrementar las inversiones en España y así buscaron más hoteles para comprar, si bien la intervención policial y judicial puesta en marcha impidieron que pudieran realizar finalmente otras inversiones en el país.