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La Audiencia confirma la fianza civil de 1,5 millones a un exviceconsejero de la Junta imputado en los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 1.598.384,524 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en 2014 al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez, que ocupó este cargo desde el 8 de mayo de 2004 hasta el 19 de marzo de 2005.
En un auto fechado el 11 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza de este modo el recurso presentado por la defensa del ex alto cargo contra la resolución dictada por Alaya, recurso al que por cierto se adhirió la Fiscalía Anticorrupción.
En su recurso, el exviveconsejero alegó que el Ministerio Público se opuso a la imposición de la fianza civil, que además no fue solicitada por las acusaciones, pero la Audiencia argumenta que "no es necesaria esa petición, procediendo, si lo estima la señora instructora, adoptar la misma de oficio".
El investigado fue vicepresidente del Consejo Rector de IFA/IDEA en el periodo en que fue viceconsejero de Innovación, asistiendo a cinco reuniones de dicho Consejo en las que se aprobaron ayudas sociolaborales a empresas por un valor superior a 49 millones de euros, a lo que se suma que en una de estas reuniones se aprobaron por unanimidad las cuentas de IFA de 2003, "en las que se observaba un déficit de más de 38 millones de euros a causa de las transferencias de financiación procedentes de la Consejería de Empleo".
En este sentido, la Audiencia señala que los indicios que pesan sobre el investigado para fijar la fianza "son claros", ya que, según se infiere del informe de la Intervención General del Estado, "era consciente, al igual que los miembros del Consejo Rector, que se estaban aprobando ayudas sociolaborales a empresas a través de las transferencias de financiación, sin fiscalización previa y sorteando las leyes sobre subvenciones tanto estatal como autonómica".
"ILEGALIDAD"
A ello se suma que, en su condición de viceconsejero de Innovación, "tuvo posibilidad de realizar revisiones de estas transferencias de financiación", ya que a partir de diciembre de 2004, IDEA "dependía directamente de la Consejería de Innovación, y a pesar de ello, como pone de manifiesto el informe de la Intervención del Estado, no adoptó ninguna medida para restablecer la legalidad de esas ayudas sociolaborales".
La Audiencia explica que Alaya calculó la fianza valorando el cuatro por ciento de la suma de las ayudas sociolaborales acordadas en el periodo en el que el investigado fue viceconsejero, más el tercio legal, aunque precisa que tal cuantificación "resulta prudencial" por cuanto "la responsabilidad sería solidaria entre el recurrente y los otros imputados de IFA/IDEA y de las consejerías de Empleo y de Innovación".
Centrándose en el apelante, asevera que "sus responsabilidades pecuniarias no se cuantifican tan solo por su conducta presuntamente delictiva en el Consejo Rector de IFA/IDEA, sino también y en especial por el hecho de su condición de viceconsejero de Innovación", cargo público desde el que, "detectando la ilegalidad de las transferencias de financiación para facilitar ayudas sociolaborales a empresas privadas, no la enmendó o corrigió, sino que la mantuvo durante su mandato".