La Audiencia rechaza por imperativo legal que el Rey Felipe declare en el juicio

En un auto de 91 páginas, la Sala arguye que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) dispone expresamente que el Rey está dispensado de la obligación de prestar declaración.

La defensa de Torres propuso hasta un total de 696 testigos, entre ellos Felipe VI, con el objetivo de acreditar cómo la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas por el Instituto Nóos.

De hecho, en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado de Torres aseveraba que a través de la entidad en la que Urdangarin y Torres eran socios "jamás se hizo nada sin antes haber informado" al secretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, "y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía".

De este modo defendía el abogado que "siempre" se operó "con absoluta transparencia", e incide en que "es imposible sostener" que, con esas premisas y "con el ejército de asesores" con los que cuenta la Casa Real, "que intervenían de manera activa y determinante", pudieran Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, "tener la más leve sospecha de que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo".