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El Ayuntamiento de Sevilla evalúa a las familias de la Corrala "con el mismo criterio y celeridad" que el resto de casos

"Ahora veremos en qué posición están estas personas respecto a las personas que los servicios sociales ya tienen baremadas"
El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento hispalense, el 'popular' Curro Pérez, ha manifestado este viernes que los servicios sociales del Consistorio trabajan actualmente en la evaluación de la situación socioeconómica de un total de 17 familias de la Corrala Utopía.
Los servicios sociales del Consistorio trabajan con un "listado de ocho" familias que corresponde con las unidades familiares realojadas provisionalmente en viviendas protegidas de titularidad autonómica y otra relación de "nueve familias" que contendría a las personas cuyo realojo provisional fue suspendido.
"Tenemos un listado con las ocho familias realojadas y otro listado con nueve", ha explicado el concejal Francisco Pérez respecto a la relación de familias y personas que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha remitido al Ayuntamiento para que sus servicios sociales evalúen su situación socioeconómica.
Se trata, así, de un listado con las ocho familias que la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, realojó provisionalmente en viviendas de titularidad autonómica tras el desalojo de las viviendas propiedad de 'Ibercaja', y un segundo listado con las nueva familias también desalojadas y cuyo realojo provisional no consumó finalmente la Consejería.
"Ahora veremos en qué posición están estas personas respecto a las personas que los servicios sociales ya tienen baremadas", ha manifestado el concejal popular respecto a la peor o mejor situación socioeconómica que estas personas presentarían respecto al resto de personas de Sevilla capital que recurren a los servicios sociales. En cuanto a esta labor de evaluación, alega que los técnicos sociales del Ayuntamiento trabajan con estas familias "con la misma celeridad, los mismos criterios y las mismas garantías que en el caso de cualquier otra persona que acude a una unidad de trabajo social (UTS)".
"Es un trabajo estrictamente técnico y sumamente delicado", ha dicho Curro Pérez, quien recuerda que en los puestos cien y 122 del Baremo Social del Ayuntamiento, en el que figuran 388 familias o personas a título individual, están dos de las familias de este colectivo, si bien ha aclarado que se desconoce si se trata o no de las familias desalojadas provisionalmente. "Ellos tienen su polémica. Ahora se comprueba lo que hemos sostenido desde un principio, que lo único que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento es evaluar la situación social de estas familias" para que accedan o no a cada uno de los recursos públicos de apoyo a las personas desfavorecidas.
LA CORRALA UTOPÍA
Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase finalmente el desalojo efectivo del bloque de viviendas.