El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) encuadra en la instrucción el decomiso de documentos y dos ordenadores

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Lola Vallejo (PP), ha defendido este viernes que los tres concejales populares imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho "no han cometido ninguna ilegalidad" y que las diligencias en cuestión parten de "una denuncia política falsa". Vallejo ha considerado "normal", dentro de una "instrucción" judicial, actuaciones como la saldada este pasado jueves con la intervención de dos ordenadores del Ayuntamiento y documentos originales del mismo, insistiendo en que la contratación investigada fue "avalada" por los altos funcionarios municipales.

El Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis Sanz, quien también ostenta la Secretaría General del PP andaluz, ha celebrado este viernes una comisión informativa a cuenta de la investigación judicial de la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona, la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, y el propio Juan Campos han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho a cuenta de la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía, a la que la oposición del Ayuntamiento de Tomares había elevado los hechos.

En esta comisión informativa han participado el tercer teniente de alcalde, José María Soriano; la quinta teniente de alcalde, Lola Vallejo; los altos funcionarios del Ayuntamiento y los portavoces de las fuerzas de oposición; Cristina Pérez por el PSOE, Alberto Mercado por el PA y Valme Sánchez por IU-CA. Las fuerzas de oposición, en ese sentido, denuncian que los informes en cuestión constaban de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Lola Vallejo, de cualquier modo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a esta comisión informativa que durante la sesión, el Gobierno local ha dado cuenta de "lo que sucedió ayer", en referencia a la llegada al Ayuntamiento de "una comisión judicial con un auto pidiendo un material", en concreto documentos "originales" del expediente administrativo relativo a la contratación de Juan Campos y los ordenadores utilizados hasta ahora por el propio concejal Juan Campos y por un trabajador del Consistorio.

NI REGISTRO "NI NADA PARECIDO"

"Ni es un registro ni ha venido la Guardia Civil ni nada parecido", ha defendido la quinta teniente de alcalde, quien ha asegurado que el Ayuntamiento ya había remitido "en tres ocasiones" copias de los documentos cuyos originales han sido recabados 'in situ' por esta comisión judicial y que "en menos de media hora" los miembros de este equipo judicial contaron con todo lo que reclamaban. Manifestando que la llegada de una comisión judicial al Ayuntamiento "ya ha sucedido en otras ocasiones", Vallejo ha defendido que se trata de "algo totalmente normal en un procedimiento como el que se está llevando a cabo".

Bajo esta premisa, ha considerado que "la importancia" de la intervención de los ordenadores y los documentos en cuestión "es bastante relativa". "Lo que pasó ayer ha pasado en otras ocasiones. Cuando hay un procedimiento judicial que está en fase de instrucción, es lo más normal del mundo y se hizo exactamente lo mismo que en las otras ocasiones", ha manifestado la quinta teniente de alcalde, quien entiende el trabajo de esta comisión judicial como "parte de la instrucción".

Lola Vallejo ha manifestado que desconoce si los concejales imputados prestaron declaración ante el juzgado instructor el pasado 11 de diciembre, pero ha defendido que ninguno de los tres ha cometido "ninguna ilegalidad" y que, por tanto, sobre ellos no pesa "ninguna responsabilidad". Al respecto, ha argumentado que la contratación de Juan Campos fue "avalada por dos secretarios generales que hubo en ese tiempo, por el interventor y por la Tesorería General". Dicha contratación, según ha insistido, no obtuvo "ningún reparo" por parte de los altos funcionarios municipales.

"CIRCO POLÍTICO Y MEDIÁTICO"

Así, ha atribuido las diligencias judiciales a "una denuncia política falsa" que, según sus palabras, ha derivado en "un circo político y mediático". Cuestionada sobre el ejemplo protagonizado por el alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, al cesar al director de área del Consistorio hispalense que resultó imputado en el marco de la operación 'Madeja', Lola Vallejo ha dicho que el caso del Consistorio de Tomares "no tiene nada que ver con la situación que se vivió en Sevilla".

"La base no es la misma, hablamos de una denuncia política falsa", ha defendido advirtiendo de que "cada caso es un mundo y tiene sus connotaciones, su base y su procedimiento" y de que, en consecuencia, "cada caso hay que medirlo con la vara de medir que hay que tener". "La Justicia hablará en favor de mis compañeros", ha augurado insistiendo en que el Gobierno local del PP espera "un pronunciamiento" de la Justicia más allá de la imputación de estos tres ediles, pues los populares confían en el sobreseimiento de las actuaciones.