El Ayuntamiento de Valencia restablece a los asesores del PP investigados y pide que Rajoy y Bonig actúen

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado restablecer al Grupo Municipal Popular la posibilidad de volver a disponer de sus asesores investigados por blanqueo de capitales en el municipio en el marco del denominado caso Imelsa, derivado de la operación Taula.

El pasado 10 de junio se levantó además la suspensión cautelar de empleo y sueldo al asesor del PP en el consistorio Luis Salom, uno de los investigados en la causa, después de que el magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia anulara la medida.

Desde el equipo de gobierno recalcan que "el Ayuntamiento ha hecho hasta donde ha podido para limpiar la institución: ahora ya es hora" de que el líder del PP, Mariano Rajoy, y la presidenta de los populares en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, "actúen y cumplan su palabra de limpiar las instituciones de su propia corrupción".

"A no ser que quieran continuar siendo cómplices de un caso tan escandaloso en el que los propios investigados reconocen que se trata de 'corrupción política total', y explican con todo lujo de detalles como hacer supuestas 'mordidas", han sentenciado.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el consistorio, Eusebio Monzó, ha manifestado que esta decisión "repone una injusticia cometida con ellos por parte del alcalde Joan Ribó y los concejales del tripartito".

"El señor Ribó se ha visto obligado a corregir su cacicada," después de que una sentencia judicial le dejará claro que la medida que había adoptada contra los asesores y funcionarios "era claramente contraria a derecho y utilizada en fraude de ley," ha declarado Monzó.

Para Monzó, la suspensión de los trabajadores del Grupo Popular "ha sido un abuso poder y una muestra de cobardía del alcalde y el tripartito. "La medida solo perseguía menoscabar y acallar la labor del oposición del partido con mayor representación en el Ayuntamiento", ha agregado.

"Los principios democráticos del alcalde Ribó y sus concejales --ha continuado-- han quedado en entredicho," ha afirmado Monzó, "porque aprobaron unos expedientes disciplinarios injustos cuando sabían que con toda probabilidad eran ilegales".

En la misma línea, Monzó ha señalado que "el alcalde y los concejales que aprobaron la suspensión de asesores y funcionarios tienen ahora que dar explicaciones y asumir la responsabilidad de unos acuerdos, que como ha quedado claro en la sentencia, no se sustentaban en ningún informe jurídico que los avalara".

Además del "perjuicio" causado al Grupo Popular, Eusebio Monzó ha destacado que se ha producido un daño al Ayuntamiento y a los valencianos, "porque el señor Ribó ha dedicado recursos públicos para mantener su persecución personal y antidemocrática contra quienes le incomodan por ejercer sus funciones de control del gobierno municipal".

Por último, el portavoz popular ha pedido que "el alcalde y los concejales del tripartito, además dar explicaciones y asumir responsabilidades, se disculpen públicamente por la decisión dictatorial que adoptaron".