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BNG y AGE vuelven a pedir comisión de investigación en el Parlamento gallego, que el PP ya rechazó una vez

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Alternativa Galega de Esquerda (AGE) han vuelto a registrar una solicitud de creación de comisión de investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio en el Parlamento gallego, una petición que ya llevaron al pleno de la pasada semana y que contó con el voto negativo de la mayoría popular.
Por su parte, el PSdeG se abstuvo, apelando a la prudencia, aunque, paralelamente, introdujo un escrito para constituir una comisión de estudio para el análisis del accidente ferroviario, así como para la elaboración de propuestas para la mejora de la seguridad ferroviaria en Galicia.
Los nacionalistas y la coalición de Anova y EU trataron sin éxito de lograr constituir esta comisión en el pasado pleno, por lo que volverán a forzar el debate en el pleno que tendrá lugar la próxima semana, al llevar de nuevo el escrito de solicitud a la Xunta de Portavoces de este martes, según han confirmado a Europa Press fuentes de los impulsores de la iniciativa.
Por su parte, los socialistas, consultados por Europa Press, han asegurado que tienen intención de llevar su propuesta cuanto antes al pleno, aunque no han podido confirmar si está lista para su debate --en lo que se refiere a la tramitación parlamentaria--.
El escrito de comisión de investigación lo firman los portavoces parlamentarios de AGE, Xosé Manuel Beiras, y del BNG, Francisco Jorquera, y en él, vuelven a insistir en que las personas afectadas por el accidente de tren y la ciudadanía gallega "exigen y precisan conocer las causas del accidente", así como también "la situación real de las condiciones de seguridad de la rede de alta velocidad" en Galicia.
ARGUMENTACIÓN
Asimismo, estos grupos quieren que sea objeto de la comisión determinar si la infraestructura estaba dotada de todos los sistemas y elementos proyectados y objeto de concurso y adjudicación; si el mantenimiento era óptimo y ajustado a las condiciones establecidas y si estaban plenamente operativos y en funcionamiento.
Ambos grupos señalan en el escrito registrado, al que ha accedido Europa Press, que los poderes públicos están "especialmente obligados a investigar las causas y depurar responsabilidades de todo tipo", a las que haya lugar, como argumentaban también en el primero de las solicitudes.
"Lo ocurrido, desgraciadamente, no tiene vuelta atrás, pero es una obligación legal, ética y de compromiso público que por parte de las instituciones se proceda a realizar todas cuantas medidas, actividades y actuaciones puedan contribuir a evitar que accidentes de esta naturaleza se puedan reproducir en el futuro", argumentan.