BNG y Compromís apuntan al ministro Montoro por "intentar salvar a la infanta" desde la Agencia Tributaria

Tanto la portavoz parlamentaria de los nacionalistas gallegos, Olaia Fernández Davila, como el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, han instando a Montoro a dar cuenta dé cuenta de por qué la Agencia Tributaria acabó dando por buenas una serie de facturas por valor de 69.000 euros que la empresa Aizoon emitió a favor del socio de Urdangarin, Diego Torres, y que, según el juez son "falsas".

En declaraciones a Europa Press, Fernández Davila ha incidido en que el auto del juez Castro pone de relieve las "contradicciones" que, a su juicio, existen entre la posición mantenida hasta ahora por Montoro y la actuación de la Agencia Tributaria. "El ministro se tiene que explicar en sede parlamentaria", ha reclamado.

Por su parte, Baldoví ha emplazado a Montoro además de a aclarar su lo sucedido a abrir una investigación y a depurar responsabilidades porque, "como bien dice el juez, se ha intentado salvar por todos los medios a la infanta desde la Agencia Tributaria". "Es necesario que se hagan todas las indagaciones necesarias para saber si eso es cierto, y si lo es, también que caiga todo el peso de la ley a quienes hayan amparado o promovido esa manera de actuar ilegal e inmoral", ha incidido.

"LO TERRIBLE SERÍA QUE NO FUERA IMPUTADA"

Respecto a la imputación de la infanta, la diputada gallega ha comentado que "lo terrible" hubiera sido que, con todos los datos que ha recopilado el juez, la hija del Rey siguiera sin ser imputada, y ha vuelto a criticar la actuación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción por no avalar la decisión del instructor. "Deberían defender los intereses de los ciudadanos y no lo están haciendo", ha denunciado.

Para Baldoví, la imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capital y delito fiscal, pone de manifiesto "que la Justicia funciona y que algunos jueces trabajan para que la ley sea igual para todos, sin ninguna distinción". A su juicio, ha llegado el momento de que "se deje a la Justicia actuar con total libertad e imparcialidad" para que la infanta "sea tratada como cualquier ciudadano y responda ante la ley si ha actuado de manera incorrecta".