Barcelona impondrá el pago de siete millones a FCC por incumplir el contrato de residuos

El Ayuntamiento de Barcelona prevé imponer el pago de siete millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por incumplimiento del contrato de limpieza y recogida de residuos, con dos millones por resarcimiento por los servicios no prestados y daños y perjuicios y cinco de sanción, la máxima prevista por la normativa.

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ha explicado este martes en rueda de prensa que la empresa puede presentar un recurso de alzada ante la resolución, que el Gobierno de Ada Colau llevará al pleno municipal del viernes para que se apruebe y se resuelva la sanción.

Junto al comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, Asens ha agregado que se han desestimado las alegaciones que la empresa presentó a la propuesta de resolución y que se notificará la decisión a FCC una vez el pleno apruebe el expediente, y ha detallado que se ha comunicado la decisión a Fiscalía, que también investiga si la empresa facturó servicios no realizados y manipuló datos de la recogida mezclando basura separada en Gràcia y el Eixample entre 2013 y 2015.

Asens ha acusado a FCC de haber usado un servicio público de forma fraudulenta y en beneficio propio y de intereses particulares e ilegítimos: "Estamos ante una trama organizada para eludir y burlar los controles internos que ha saqueado de forma continuada recursos públicos en un ámbito tan sensible como el de la limpieza y el reciclaje".

La investigación concluye que FCC certificó más de 6.000 servicios no prestados o realizados menos personal entre setiembre de 2013 y diciembre de 2015; alteró la recogida de voluminosos en al menos 30 de los 6.200 servicios de 2014, y ese año mezcló el 0,5% de contenedores de envases separados por ciudadanos con otros residuos para evitar saltar de tramo económico del contrato y tener un precio unitario por tonelada recogida inferior.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

Preguntado por los medios, Asens ha señalado que "de momento" el Ayuntamiento no plantea rescindir el contrato, porque los servicios jurídicos municipales consideran que podría no resultar procedente y que se perdiera en los juzgados, dada la jurisprudencia y el hecho de que la cantidad afectada representa un 0,7% del contrato.

Sin embargo, el Ayuntamiento no descarta rescindirlo a la espera de que se cierre la investigación judicial: "En función de lo que plantee la Fiscalía y después el juzgado que lleve la instrucción, en cuanto a hechos y responsabilidades penales, entonces plantearemos esta rescisión", ha dicho Asens.

Sobre el segundo expediente que abrió el Ayuntamiento sobre si la empresa hinchó el número de contenedores quemados en una huelga de 2012, Ximeno ha resaltado que el expediente informativo sigue su curso y que se está analizando datos, "como se hizo con este expediente, que ha continuado hasta este sancionador".

"IMPLACABLES" ANTE EL FRAUDE

El teniente de alcalde ha lanzado un mensaje de confianza a la ciudadanía, porque el Ayuntamiento ha tomado medidas para evitar que vuelva a suceder, y también un mensaje a los contratistas: "No toleraremos en ningún caso fraudes de estas características en servicios municipales, y cuando se produzcan seremos implacables".

"Se ha producido un atentado ambiental" que ha generado daño social y dudas en la ciudadanía en la recogida selectiva para reciclar, por lo que también se ha tenido en cuenta a la hora de determinar los daños y perjuicios la campaña de sensibilización para fomentar el reciclaje impulsada en 2014, ha explicado Asens.