Bárcenas pidió a Cosidó que elaborara un informe exculpatorio sobre la identidad de "Luis el cabrón"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha puesto en conocimiento de la UDEF, que es la unidad que investiga la denominada "trama Gürtel", el intento por parte del exsenador y extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas de obtener una prueba irregular a través de la realización de un informe en el que se investigara quien es la persona oculta tras el acrónimo "Luis el cabrón", hallado en documentos intervenidos a la trama y que según los investigadores corresponde con su persona.

Tanto el juez instructor del caso, Pablo Ruz, como las fiscales Anticorrupción adscritas al mismo fueron informados de este incidente el pasado 13 de septiembre, han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según estas informaciones, Bárcenas envió un escrito a Cosidó con él fin de que se instara la redacción y remisión al Juzgado Central de Instrucción número 5 de un informe ampliatorio a los ya enviados por la UDEF en el que se investigará quién está tras la denominación "Luis el cabrón", aparecida como receptora de determinados cobros en la documentación intervenida a la trama corrupta.

ACTUACIÓN IRREGULAR

Lejos de plegarse a los requerimientos del imputado, Cosidó puso estos hechos en conocimiento del la UDEF, que informó a su vez a la Fiscalía y al juez Ruz.

El juez pidió informe del incidente al Ministerio Público, que advierte en su escrito que la actuación de Bárcenas es irregular porque no pueden solicitarse a los Cuerpos de Seguridad informes de parte. La Policía Judicial tiene "exclusiva dependencia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal en la investigación y averiguación de los delitos", añade Anticorrupción.

A continuación, el juez Pablo Ruz ha dictado un duro auto en el que reprocha a la defensa de Bárcenas sus maniobras extraprocesales, que le sitúan "voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo, que tiene legalmente conferida".

Añade Ruz en su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que la actuación de Bárcenas "no tiene cabida, encaje o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal, apartándose de las reglas de la buena fe". Constituye además una "patente ilegalidad procesal" desde el momento en el que viene a solicitar de la autoridad judicial la práctica de determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente (...) tienen indudable afectación en el proceso", en el que la UDEF ya ha emitido informes con anterioridad sobre el punto concreto interesado por Bárcenas.

Para concluir, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide a la UDEF que se abstenga de realizar cualquier diligencia relacionada con la petición del ex tesorero del PP y añade que, de seguir interesado en el asunto (aclarar a qué persona corresponde el acrónimo Luis el Cabrón), Bárcenas debe solicitárselo a este Juzgado, que podrá contestarle si dicha prueba resulta o no procedente.

Esta no sería la primera ocasión en la que Bárcenas o su esposa, la imputada por delito fiscal Rosalía Iglesias, tratan de utilizar documentos obtenidos de forma poco ortodoxa, según las fuentes consultadas, para utilizarlos en su defensa.

Así por ejemplo, el pasado 17 de mayo Iglesias se negó a contestar las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y las partes personadas en la causa y se limitó a aportar un escrito que vendría a demostrar que no tenía obligación de tributar por determinadas cantidades obtenidas de las ventas de unos cuadros.

Según sus letrados, la documentación demostraría que la mujer de Bárcenas no defraudó 222.112,58 euros en la declaración del Impuesto de la Renta por las Personas Físicas (IRPF), tal y como apuntaba un informe de la Agencia Tributaria realizado en junio de 2011. Alegaron que la supuesta ganancia patrimonial de 558.196,97 euros, derivada de la transmisión de un cuadro adquirido el 15 de mayo de 1987, estaría exenta de tributación.

Esta información fue corroborada el pasado martes por el propio Bárcenas en el despacho de Pablo Ruz, ante quien insistió que su esposa no ha podido cometer el delito fiscal que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque estaba "exenta" de declarar a la Hacienda Pública la ganancia patrimonial por la compra-venta de unos cuadros, debido al plazo transcurrido entre ambas operaciones.

En marzo pasado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal reabrió el procedimiento que se seguía contra Bárcenas, al que se atribuyen los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.

La imputación de Iglesias Villar se produjo, según un auto dictado el pasado 20 de abril, tras haber aparecido en la instrucción "nuevos datos de los que indiciariamente se podría derivar su responsabilidad penal" y poder prescribir los delitos que se le atribuyen el próximo 30 de junio.

El instructor acordó reabrir esta causa a fin de "depurar y corroborar la existencia o ausencia de tales indicios" y la "conexión" que estos hechos pudieran tener con los que se atribuyen a su marido, que volvió a ser imputado por la Sala de lo Penal en marzo pasado