Blesa y Díaz Ferrán se oponen a apartar a dos magistrados del tribunal por ser un "nuevo fraude" del juez Silva

El letrado de Blesa, Carlos Aguilar, ha presentado esta misma mañana un escrito en el que solicita inadmitir el incidente de recusación formulado por Silva y, de forma subsidiaria, que se rechace su pretensión, al considerar que tiene un carácter fraudulento con el único objetivo de suspender el enjuiciamiento, según informaron a Europa Press fuentes de la acusación.

En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado de Díaz Ferrán, Nicolás González-Cuellar, que emplaza a inadmitir de plano la petición del acusado y que, subsidiariamente, se desestime con "multa e imposición de costas".

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el exjefe de la patronal reprocha al juez Silva que pretenda seleccionar "por su capricho" a los miembros del tribunal que ha de juzgarle, sin respetar el derecho a tener el juez ordinario predeterminado por la ley.

El juez Silva pidió recusar al presidente de la Sala, Arturo Beltrán, por no aceptar la renuncia de su abogado Cándido Conde-Pumpido y por permitir la presencia en el tribunal de la magistrada María Tardón, quien había formado parte de la Asamblea General de Caja Marid. A ambos les recusó y además demandó en un juzgado de Madrid.

"Pese a los denodados esfuerzos del acusado por alterar el normal desarrollo del juicio y mutar su naturaleza y objeto en algo distinto, en el presente proceso no se juzga ni al señor Blesa de la Parra ni a la Caja de Ahorros, sino unas concretas resoluciones y actuaciones jurisdiccionales dictadas y realizadas por el acusado en su condición de magistrado", apunta la defensa de Díaz Ferrán.

A su juicio, tras la recusación del presidente del tribunal se esconde la "disconformidad" del acusado con sus decisiones, lo cual no es causa de recusación. Añade que Tardón ya rechazó en el juicio que su imparcialidad se hallara comprometida puesto que su integración en la Asamblea de la entidad finalizó en 2003 y no tiene ninguna relación con los hechos investigados.

Por todo ello, califica de "manifiestamente infundada" las causas de recusación alegadas por Silva, tilda de "auténtico dislate" decir que ambos magistrados participaron en la instrucción de su causa y advierte de que desde el principio ha tratado de retrasar la vista oral, renunciando a su condición de aforado, pidiendo anular el caso y ahora solicitando la abstención de estos magistrados.

Díaz Ferrán solicita una pena de 24 años de inhabilitación para el juez Silva, mientras que Blesa quiere que sea apartado durante 40 años por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra su libertad individual.

Pedía inicialmente tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal contra el juez que le encarceló en dos ocasiones y ordenó incautarle más de 8.000 correos electrónicos corporativos.