Blesa vuelve a declarar hoy contra Elpidio Silva, el juez que le mandó en dos ocasiones a prisión

El ex banquero volverá al Tribunal de Justicia de Madrid para relatar cómo le afectó el proceder de Silva, acusado de presunta prevaricación, durante la investigación del préstamo de 26,6 millones de euros concedido al entonces consejero Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.

Se trata de la segunda vez en la que Blesa declara contra Silva después de que el primer juicio se suspendiera tras la recusación de una miembro del tribunal, la magistrada María Tardón, por su pertenencia a la antigua Asamblea General de Caja Madrid. En aquella vista frustrada, el exbanquero denunció que Silva había causado "un gran daño personal y profesional" a su prestigio, a él mismo y a su familia.

La tercera sesión del juicio estará protagonizada por el interrogatorio de seis testigos. Entre ellos, se encuentra también un sargento y un agente de la Guardia Civil; o el del abogado defensor del Blesa, Carlos Aguilar.

Entre la veintena de testigos citados desde el jueves hasta el lunes se encuentran además el magistrado Juan Antonio Toro, y el que fuera decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, cuya comparecencia está prevista para el jueves por la tarde.

El viernes comparecerán en la vista, entre otros, el secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad, y los abogados de esta organización Almudena Velázquez y Luis Pineda. La vista tiene previsto terminar el lunes 14.

Durante las sesiones del lunes y el martes, el tribunal ha rechazado el intento de Silva de aplazar el juicio y ha escuchado al acusado. Este ha denunciado el "ánimo torticero y delictivo" de la Fiscalía y ha defendido que envió "razonadamente" a Blesa a la cárcel ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

En esta ocasión, el tribunal está integrado por los magistrados José de la Mata, Eduardo Urbano y el presidente Arturo Beltrán. La Sala rechazó la petición del acusado de que estos dos últimos jueces se abstuvieran por haber participado en la vista anterior.

PENA DE INHABILITACIÓN

El juez Silva, en excedencia y ahora ejerciendo como abogado, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada y retraso en la Administración de Justicia.

El juez Silva está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.

El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.

Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.

Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.

En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contaria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.