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El CGPJ archiva la denuncia contra el juez del TSJ de Cataluña al no ver retrasos en la causa del 9N

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Fonseca-Herrero, ha acordado este jueves archivar las diligencias abiertas a raíz de la denuncia que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Joan Manel Abril Campoy, al considerar que no ha cometido retrasos injustificados durante la instrucción de la causa seguida por la consulta del 9-N.
En el acuerdo de archivo, el Promotor del órgano de gobierno de los jueces argumenta que desde que las primeras querellas fueron admitidas a trámite el 8 de enero de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia y Abril fuera designado instructor, el magistrado ha dictado un total de 43 resoluciones, todas ellas "suficientemente motivadas", quedando a 21 de enero de 2016 únicamente cuatro solicitudes o escritos por proveer.
"A la vista de lo anterior, no se observa la existencia de un retraso o una paralización relevante en la tramitación de las diligencias", señala el Promotor, que añade durante este tiempo "han sido numerosas las incidencias procesales acaecidas", en referencia a las impugnaciones y recursos presentados por las partes.
A ello se añade, señala, la necesaria tramitación y resolución de 88 denuncias que se sumaron a las querellas iniciales, así como de 6.000 auto-denuncias, que requieren un pronunciamiento individualizado.
En cuanto al momento en que fueron citados los testigos y los investigados en las actuaciones, el Promotor recuerda que se trata de una decisión que "corresponde en exclusiva al magistrado instructor, quien, en el ámbito de sus competencias, ha de ponderar la conveniencia de las diversas diligencias para el buen fin de la tramitación de la causa penal y el momento de su práctica".
Abril, que fue elegido magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a propuesta del Parlament, admitió a trámite las querellas sobre la consulta independentista en enero de 2015 y no citó a los primeros testigos hasta julio del pasado año.
Interrogó a Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau --investigados por la presunta comisión de un delito de desobediencia-- tres meses después, en octubre, una vez celebradas las elecciones autonómicas.