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El CGPJ borró la grabación del Pleno cuestionado en la denuncia contra Lesmes por el reparto de cargos

Los vocales denunciantes querían demostrar que no se les permitió participar
El secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Joaquín Vives de la Cortada ha certificado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que la grabación que se realizó del Pleno de esta institución celebrado el 29 de enero de 2015, donde se renovó la designación de los vocales en las diferentes comisiones que la integran, fue borrado. El reparto está siendo investigado a raíz de una denuncia presentada por cuatro vocales progresistas.
El recurso contencioso-administrativo fue interpuesto en abril del pasado año ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal por las vocales María Victoria Cinto, Roser Bach, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga, y tras admitirse a trámite por le Pleno de la Sala se están practicando las diligencias de prueba necesarias, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Dentro de estas diligencias se solicitó al órgano de gobierno de los jueces que remitiera al instructor la grabación del Pleno cuestionado, pues las denunciantes quieren demostrar con ello que no se las dejó participar adecuadamente en la decisión y con ello se infringieron las normas legales.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario del CGPJ señala que no es posible proporcionar la grabación al Supremo "ya que se procedió a su borrado una vez fue aprobada y firmada el acta de la sesión plenaria".
El reparto de cargos cuestionado en este recurso se aprobó en el Pleno celebrado el 29 de enero de 2015 y ya ese día el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces criticó que para la Comisión Permanente -que constituye el núcleo duro de la institución al contar con los únicos miembros de dedicación exclusiva- se hubiera renovado a todos sus miembros por un año más.
La única novedad consistió en cubrir el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Mercé Pigem --tras descubrirse que entró desde Andorra con una importante cantidad de efectivo-- por la conservadora Nuria Abad en la Permanente.
En el recurso, se señala que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sometió únicamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".
Los críticos señalan ante la Sala Tercera del alto tribunal que el presidente del CGPJ -que lo es también del Supremo-, "haciendo caso omiso" a su propuesta, se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las Comisiones, vulnerando su derecho de participación, e "infringiendo la normativa orgánica que establece la preceptividad de la renovación de las comisiones que integran el CGPJ".
Añaden que los llamamientos de este sector "a la conformación dialogada y consensuada de las decisiones, a la toma en consideración de las opiniones discrepantes, al respeto a las minorías, se vienen desatendiendo sistemática y constantemente por la Presidencia del Consejo".
DENUNCIAN ARBITRARIEDAD
Consideran que la decisión impugnada "es un eslabón más de toda una larga cadena de arbitrariedades que se sostienen en una estructura orgánica de tendencia marcadamente presidencialista, afianzada por el comportamiento institucional de su actual presidente, que quiebra el carácter colegiado del Consejo en su configuración constitucional, y compromete gravemente su funcionamiento democrático".
Finalmente, manifiestan que los cauces institucionales internos se les han ido cerrando hasta conducirles a una situación "indeseada pero inevitable" que les aboca a recabar la tutela de los derechos que sienten violentados por la vía jurisdiccional mediante este recurso.