CSI-F denuncia la maniobra de Justicia para que los funcionarios perciban menos pensión en su jubilación

El sindicato CSI-F, mayoritario en la Administración de Justicia, ha considerado "inaceptable" que el Ministerio de Justicia haya cedido a las comunidades autónomas la función de gestionar la jubilación de los funcionarios y ha advertido de que esta "maniobra" derivará en que estos perciban pensiones de menor cuantía en su jubilación.

La organización sindical ha acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de "ceder a la presión" de las comunidades con las competencias transferidas y ha criticado que haya modificado el estatuto jurídico de los funcionarios sin haber pasado este asunto antes a la mesa de negociación colectiva.

Un portavoz en el área de Justicia de CSI-F, Javier Jordán, ha explicado a Europa Press que los funcionarios se jubilan a los 65 años, pero muchos piden voluntariamente su prórroga hasta los 70 para percibir la pensión máxima en caso de que no hayan cotizado los 35 años de servicio activo.

El Ministerio de Justicia concede con carácter general la prórroga de la edad de jubilación, algo que no ocurre en las comunidades donde "automáticamente" se prescinde de los funcionarios a los 65 años. "Las comunidades están siendo muy restrictivas denegando la posibilidad de prórroga salvo alguna excepción discrecional. Este fenómeno ya se está comprobando en la sanidad", afirma.

REDUCCIÓN DE PLANTILLAS Y PRECARIEDAD EN JUSTICIA

Esta delegación conllevará que las comunidades se ahorren el sueldo y carguen la pensión al Estado, mientras se reducen las plantillas de la Administración de Justicia con el riesgo de amortización de puestos de trabajo. A ello se suma la congelación de la oferta de empleo público y la "precaria" situación de medios materiales y personales del sector.

Para CSI-F, llama la atención que "mientras están bombardeando con que es necesario trabajar más tiempo porque nuestra esperanza de vida es mayor, se haga una reforma que abre las puertas a impedir que voluntariamente el funcionario de Justicia prolongue su vida laboral".

El sindicato destaca en un comunicado que los funcionarios de Justicia pertenecen al régimen de clases pasivas, por lo que sus pensiones son sensiblemente menores --unos 300 euros menos al mes-- que las del resto de trabajadores en las mismas condiciones.

En este sentido, CSI-F explica que el cálculo de la pensión del colectivo se realiza sobre toda su vida laboral y sobre una cantidad fija --el haber regulador-- que "apenas se revaloriza" y aparece fijada en los Presupuestos Generales del Estado. "Esta cantidad puede llegar a ser un 20 o 25 por ciento menor que la que se ingresa los últimos años de vida laboral", añade.

"Es decir, si ya teníamos una pensión inferior que el resto, esta reforma abre la puerta para que muchos funcionarios de Justicia no puedan acceder al 100 por ciento de su pensión porque no puedan completar los 35 años de servicio", indica.

El sindicato critica que el Ministerio parte de un presupuesto "falso" porque "no es cierto que todo el estatuto jurídico de los funcionarios de Justicia destinados en las comunidades transferidas sea competencia de éstas" como reconoce la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional desde 1987.

"El 100 por ciento de nuestro estatuto jurídico viene determinado directa o indirectamente por normativa estatal como consecuencia de nuestro carácter de cuerpos nacionales. Las comunidades autónomas tienen facultades de desarrollo en algunos aspectos pero, ni mucho menos en todos. Y esto es así por mandato de la Constitución, artículo 122", concluye.