CSIF se ve con la Delegada del Gobierno en Cataluña para abordar la repercusión del plan soberanista en los funcionarios

Según informa el propio sindicato CSIF, sus representantes trasladarán a la delegada del Gobierno la preocupación sobre las órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse y que pueden comprometer la labor de los funcionarios, desde el punto de vista jurídico.

CSIF cuenta con un protocolo de actuación que pretende "blindar" a los funcionarios y protegerles ante las instrucciones de sus superiores jerárquicos y prepara medidas concretas para asesorar a los trabajadores y trabajadoras que se vean implicados en la última decisión de la Generalitat sobre la gestión del IRPF.

Este encuentro se produce unos días después de conocerse que la Diputación de Barcelona notificara a sus empleados la moción aprobada por el pleno de la corporación provincial que apuesta por que los pagos del IRPF a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realicen a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.

La Secretaría General de la corporación trasladó un certificado de la aprobación de la moción --acordada en el pleno del 26 de noviembre a propuesta de la CUP-PA-- a sus empleados el 11 de diciembre.

DIPUTACION DE BARCELONA INGRESARA EL IRPF EN LA AGENCIA CATALANA

Fuentes de la Diputación señalaron que desde la entidad supramunicipal se está trabajando para ejecutar la moción, que fue aprobada con los votos a favor de la CUP-PA, de CiU, de ERC y Entesa --que incluye a ICV, EUiA y BComú-- y el rechazo del PSC, el PP y C's.

La moción prevé hacer el pago del IRPF de sus trabajadores a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, en una institución que cuenta con una plantilla de 3.855 trabajadores, además de cerca de 500 en organismos autónomos, según datos de la corporación provincial con fecha de noviembre.

Tras conocerse esta información, el Ministerio de Hacienda dejó claro que la Hacienda catalana puede recaudar el IRPF, como plantea la Diputación de Barcelona a medio plazo, pero aseguró que esa recaudación debe ser transferida después a su titular, el Estado.

En este sentido, advirtieron de que se incumpliría la ley si después ese dinero no fuese a su vez traspasado a las arcas del Estado. Entre las consecuencias estaría de entrada la deducción de esas cantidades de los ingresos que le correspondan a la Comunidad.

Según el Reglamento General de Recaudación, los pagos realizados a órganos no competentes o a personas no autorizadas para ello no liberan al deudor de su obligación de pago, "sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago".

En esta tesitura, fuentes de la Diputación de Barcelona alegaron que actuarían en todo momento con plenas garantías jurídicas tanto para los trabajadores de la corporación provincial como para la propia institución.