La CUP impulsa una ley contra la discriminación que "invade" competencias estatales

La CUP ha anunciado este lunes que impulsará una ley en el Parlament contra todas las formas de odio y discriminación, y ha avanzado que una de las partes de la norma "invadirá" de forma consciente competencias que son exclusivas del Estado.

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, el diputado Benet Salellas ha explicado que la norma incluirá un capítulo relativo a la legislación penal "con claro conocimiento de que se están invadiendo competencias".

Además, la norma también incluirá el capítulo de la ley catalana de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que fue recientemente suspendida por el Alto Tribunal, y la CUP admite que buscan "un cierto desafío a la legislación constitucional vigente".

La ley quiere ser "un instrumento útil para luchar contra conductas de racismo y odio" que en estos momentos, a juicio de los anticapitalistas, quedan impunes o no tienen la gravedad suficiente para estar recogidas en el Código Penal.

La norma incluirá un régimen sancionador para que las fuerzas de seguridad "puedan intervenir de forma más anticipada y ante pequeños gestos de intolerancia", así como en tareas correspondientes de identificación y prevención.

La ley también busca "la penalización de la simbología fascista y racista en actividades públicas más allá de las actividades deportivas donde, teóricamente ya se encuentra sancionada administrativamente" a través de la ley del deporte.

Los anticapitalistas han argumentado que la ley pretende dar un mensaje de tolerancia cero hacia conductas que ven propias de la extrema derecha, que ha cobrado fuerza de nuevo en varios puntos de Europa.

ORGANISMO INDEPENDIENTE

La ley crea una comisión de la no-discriminación como "mecanismo sancionador independiente" que estará adscrito a la Sindicatura de Greuges y formado por miembros de la administración catalana, de la judicatura y de las entidades de derecho civiles.

El organismo no dependerá de la Generalitat porque, según alegan los 'cupaires', tendrán que evaluar también como actúa la administración catalana sobre estos temas y eventualmente sancionarla sino cumple con esta ley.

La CUP calcula que entre el 70 y el 80 por ciento de denuncias de odio y discriminación quedan actualmente "invisibilizadas", y el objetivo de esta ley es darles la visibilidad que ahora les falta.