El Cabildo de Lanzarote anuncia recurso de alzada contra la autorización de Industria a Repsol

Asimismo, San Ginés indicó que desde este miércoles el Cabildo de Lanzarote ha activado una hoja de ruta con acciones "de la máxima contundencia" para las próximas semanas y meses que incluyen el "más firme apoyo y refuerzo" a la movilización ciudadana, así como iniciativas en los ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa.

Para el máximo representante de la institución insular la decisión de autorizar las perforaciones "a sólo 50 kilómetros de las principales núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura ha sido promovida deliberadamente por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para defender intereses exclusivos".

San Ginés criticó, en rueda de prensa, que el Gobierno central "ha despreciado literalmente los innumerables recursos, alegaciones, manifiestos, mociones y documentos" elaborados por instituciones, entidades científicas, organizaciones sociales y ciudadanos.

El Cabildo, matizó, rechaza la resolución publicada este miércoles "frontalmente" tanto desde "el punto de vista procedimental como técnico", al tiempo que criticó el procedimiento de "falta de transparencia".

Agregó que el texto "no responde a ninguna de las nutridas" alegaciones presentadas por el Cabildo de Lanzarote el 1 de agosto ante el Ministerio de Industria, sin embargo, indicó establece una serie de condiciones que "evidencian la falta de rigor y los riesgos implícitos" que conllevan los sondeos, ya que subrayó que Industria "no hace ninguna referencia a los posibles impactos" de las operaciones sobre el turismo o sobre los procesos de suministro de agua potable a la población de Lanzarote y Fuerteventura, entre otros.

La autorización otorgada por el Ministerio de Industria a Repsol contempla la perforación de tres pozos.

Asimismo, considera que la cuantía exigida a Repsol de 60 millones de responsabilidad civil para "el riesgo que entrañan sus operaciones en Canarias solo significa que, en caso de un accidente grave, serán los ciudadanos los que terminen pagando de sus bolsillos las consecuencias del desastre".