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30 años de cárcel para Carasatorre por asesinar en 1995 al jefe de la Policía Nacional en San Sebastián

Justifican la condena a partir de la declaración inculpatoria de Valentín Lasarte y el "significativo silencio" del acusado
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 30 años y cuatro meses de cárcel al etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz por participar en el asesinato del inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián, Enrique Nieto Viyella, que se produjo el 9 de mayo de 1995.
Los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro justifican su condena a partir de la declaración inculpatoria que el arrepentido Valentín Lasarte realizó en marzo de 1996 ante el juez Baltasar Garzón, y que no ratificó durante el juicio oral, y el "significativo silencio" que Carasatorre mantuvo durante la propia vista y su actitud de "indiferencia y desprecio hacia su enjuiciamiento".
"La ausencia de su declaración equivale a que no hay explicación posible capaz de desvirtuar el acervo probatorio de carácter incriminatorio con que cuenta el tribunal y que, en consecuencia, nos lleva a la culpabilidad del acusado", aseguran los magistrados.
A su juicio, "tanto a las declaraciones de Lasarte cuanto al silencio del acusado ha de darse una significación incriminatoria sin sombra de duda", sobre todo teniendo en cuenta que, según la sentencia, la acusación se encuentra "plenamente asentada en datos probados como ciertos que la confirmen".
Estos datos son, según el tribunal, las pruebas que existen en relación con el alquiler y el robo de las dos motocicletas por parte de Lasarte, el hallazgo de la pistola que él mismo utilizó en este crimen y la aparición de sus huellas y las de Javier García Gaztelu, 'Txapote', (no así las de Carasatorre) en un piso de Ibarra (Guipúzcoa) en el que se alojaron los tres miembros del 'comando Donosti'.
MÁS DE 300.000 EUROS PARA LOS HEREDEROS
En concreto, el tribunal atribuye a Carasatorre un delito de asesinato terrorista (penados con 30 años de cárcel) y dos de utilización ilegítima de vehículo a motor (por un total de otros cuatro meses) y le condena a pagar una indemnización de 300.506,05 euros a los herederos del mando policial asesinado.
Los jueces consideran probado que el acusado participó en el atentado junto a 'Txapote' y Lasarte, ya condenados por estos hechos, después de disponer de la información necesaria sobre el domicilio y los recorridos que realizaba el mando policial y someterlo a vigilancias.
En su relato de hechos probados señalan que en los primeros días de mayo de 1995 los tres terroristas alquilaron una furgoneta y se trasladaron a Irún, donde sustrajeron una motocicleta con la que realizaron un primer intento de matar a Nieto.
En el segundo, que se produjo el 9 de junio, Lasarte disparó en la cabeza al policía cunado se encontraba en el portal de su domicilio y Carasatorre y 'Txapote' facilitaron su huida. Los tres se escondieron en una vivienda de Ibarra (Guipúzcoa) propiedad de la también etarra Ignacia Ceberio. El mando policial falleció el 19 de octubre en el hospital.
CONDENADO POR EL ASESINATO DE ORDÓÑEZ
Carasatorre, que fue entregado por Francia en noviembre, fue condenado en julio de 2011 a 30 años de prisión como autor de la muerte del concejal del PP del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordoñez el 23 de enero de 1995.
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 1 de marzo de 1964, ingresó en 1994 en el comando 'Donosti' participando en numerosas acciones terroristas. En 1995 huyó a Francia donde impartió 'cursillos' de armas y explosivos entre los años 1998 y 2001. En el mes de diciembre de 2001 fue detenido en la localidad francesa de Auch junto a José Ramón Lete Alberdi.
Durante este año la Audiencia Nacional le ha condenado a treinta años y medio de cárcel por participar en el asesinato del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría, que se produjo el 10 de abril de 1995 en las proximidades del cuartel donostiarra de Loyola.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impuso, además, el pasado mes de mayo una pena de seis años y un mes de prisión por disparar con un subfusil contra las viviendas del cuartel del Ejército de Tierra de Loyola (San Sebastián) en mayo de 1995.