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La infanta Cristina, imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo. En un fundamentado auto de 227 páginas el magistrado acusa a Cristina de Borbón de haber tenido conocimiento de las actividades irregulares de Aizoon por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado". La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo. Los delitos que el juez imputan a la infanta conllevan penas de hasta 11 años de cárcel. Tras conocerse la imputación, la defensa de la infanta ha anunciado que recurrirá su imputación. Por su parte, Zarzuela se ha limitado a expresar su "respeto a las decisiones judiciales".

En un auto de 277 páginas, el juez Castro imputa a la infanta Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal. La hija del rey deberá acudir a declarar a los juzgados de Palma el próximo 8 de marzo.
La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil.
En el auto, el titular del Juzgado apunta, para imputar por segunda vez a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".
Se generó un doble efecto fiscal defraudatorio, según Castro. Tanto el referido a que sus beneficiarios no tributaran en el IRPF como el que supondría disfrazar el reparto de beneficios como gastos de explotación de Aizoon (autoalquiler de dependencias etc.), con el efecto buscado de minorar la base imponible del impuesto de sociedades y, con ello de la cuota a ingresar.
Conducta "irregular por omisión"
La forma de actuar de la Infanta es para el magistrado irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la Infanta no utilizó su "paritario potencial participativo" en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habrían cometido los delitos fiscales que el magistrado atribuye al matrimonio, para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa al facturar a ésta servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, sostiene igualmente en su resolución que la intervención de la Infanta Cristina en Aizoon constituía un "escudo frente a Hacienda", en línea de lo que puso de manifiesto en su día el notario que participó en la constitución de la sociedad, quien apuntó que el exasesor fiscal del Instituto Nóos Miguel Tejeiro auspició la colocación de la hija del Rey en la mercantil para que ésta gozase de un trato especial por parte de la Agencia Tributaria.
La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
Roca recurrirá su imputación
El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca i Junyent, ha afirmado que está "absolutamente y plenamente convencido" de la inocencia de su cliente, y ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Palma la segunda imputación de la hija del Rey. En declaraciones a los medios, Roca i Junyent ha admitido que "no es una situación agradable". Ha calificado el texto del juez de "más extenso y acotado" que el primer auto, aunque ha precisado que los criterios son los mismos que los de la primera imputación y que siguen sin tener fundamento.
Ya el pasado mes de abril, el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.
Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
 El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
"Respeto a las decisiones judiciales"
La Casa del Rey se ha limitado a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" tras conocer la decisión del juez José Castro de imputar a la Infanta Cristina, según un portavoz de Zarzuela.