Castro acelera la venta de los pisos del exduque ante un aviso del BBVA de demandar a Urdangarin por impago

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado subraya que no existe "obstáculo alguno para demorar" la compraventa de los inmuebles hasta el 30 de septiembre de este año, tal y como había solicitado uno de los interesados en comprar uno de los pisos, cuya titularidad registral pertenece a Aizoon, empresa de la que Urdangarin y su mujer, la Infanta Cristina, son copropietarios.

En un reciente escrito, la defensa de Urdangarin ponía en conocimiento del juez Castro la notificación del BBVA dirigida a iniciar los trámites para reclamar judicialmente la cantidad adeudada de los 192.000 euros en que fue suscrito el préstamo.

El exduque, quien, junto a Doña Cristina, está siendo juzgado durante estos meses en el marco del juicio del caso Nóos a raíz de un presunto desvío de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos que dirigía junto a su exsocio Diego Torres -también acusado-, pedía así a Castro que resolviera la operación de compraventa "a la mayor brevedad posible" y "antes de que el BBVA inicie las actuaciones judiciales".

En concreto, el pasado mes de enero el instructor autorizó la venta de los inmuebles tras levantar el embargo que pesaba sobre la mitad indivisa de todos ellos en el marco de esta causa, si bien semanas después uno de los interesados en adquirirlos pidió prorrogar la opción de compra hasta el 30 de septiembre.

El marido de la Infanta ya había presentado previamente un escrito en el que advertía del "peligro" de que los interesados en los inmuebles pudieran haber abandonado su interés" en adquirirlos. En concreto, las propiedades están valoradas en un total de 316.907 euros.

El juez requirió en su día una tasación de los inmuebles, efectuada por Tinsa, con el objetivo de saber si su valor se asemeja al precio de mercado y a la oferta de 250.000 euros que le llegó a Urdangarin por ellos.

EMBARGO DE PROPIEDADES

En concreto, estas propiedades fueron embargadas junto a la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, cuya ejecución fue cancelada después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.

El marido de la Infanta reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del palacete, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.

El juez Castro autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que preveían obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, y que acabaron ingresando en las dependencias judiciales tanto Urdangarin como su mujer.