El juez Castro interroga este viernes a Matas y al extesorero del PP balear por la reforma de su sede

En concreto, el exministro declarará por videoconferencia desde la cárcel de Segovia, donde cumple condena desde julio de 2014 por un delito de tráfico de influencias. También han sido citados para este viernes, en su caso como testigos, la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer (10.00 horas) y el expresidente del Parlament Joan Huguet (10.30).

Las comparecencias se enmarcan en la pieza 28 del caso Palma Arena, recientemente abierta para investigar de qué forma fueron sufragados los trabajos de reforma de la sede del PP, pagos que presuntamente corrieron a cargo del empresario y propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Castro tiene sobre su mesa la confesión efectuada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez explicó que Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.

En el caso de Areal, cuñado del propio Matas, se trataba del supuesto encargado de mediar en el cobro de los sobornos. De hecho, su nombre ha aparecido en distintas ocasiones y en otras piezas de la causa. De hecho, el administrador de Over Marketing, Daniel Mercado, cuya empresa también está siendo investigada por financiar la organización de las campañas electorales del PP, explicó cómo Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B.

Asimismo, el constructor Juan Serra, quien también se encargó de la reforma de la sede, reconoció haber recibido dinero negro en el inmueble de los 'populares, más en concreto hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal.

Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña.