Catalá trata con Madrigal "lo que va bien y lo que no va tan bien" en el plan de digitalización a través de LexNET

"Existe un servicio de atención al usuario permanente para resolver problemas con la ralentización o la caída del sistema", ha explicado Catalá, quien ha defendido que en la reunión con Madrigal han "constatado" que LexNET tiene problemas puntuales que se derivan de la carga de trabajo, con más de once millones de comunicaciones digitales desde que entró en vigor.

Catalá y Madrigal han firmado un total de cuatro Convenios de colaboración por los que se da luz verde a la creación de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal en las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia.

Con estos convenios, ha explicado Catalá, se pretende "incrementar la coordinación" entre ambos. "Nos importa mucho la opinión de la fiscalía para detectar lo que va bien y lo que no va tan bien", ha añadido Catalá, que ha insistido en que el objetivo de todos los actores de la administración es "agilizar la Justicia y acortar plazos" gracias a LexNET.

Catalá ha insistido en que LexNET funciona mejor en las regiones en las que el Ministerio no tiene las competencias cedidas. En el caso concreto de los fiscales, ha comentado que no cree que haya una "problemática singular distinta de la que tienen abogados, procuradores o la oficina judicial".

REUNIÓN DEL CONSEJO FISCAL

En este punto, se ha dirigido a Madrigal, que ha comparecido junto a él en la sede del Ministerio, para sostener que esto "lo podría explicar mejor la fiscal general". No obstante, el gabinete del Ministerio Público ha impedido que los medios de comunicación pudieran preguntar por esta cuestión a Madrigal.

Tras la reunión con Catalá, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que este miércoles se reunirá el pleno del Consejo Fiscal, presidido por Consuelo Madrigal, para tratar los "problemas de implementación del sistema LexNET en las Fiscalías". En el orden del día también figura el análisis de la "situación actual generada por la entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los plazos máximos de instrucción".