La mezquita de Ceuta asegura que pretende "involucrar" a las comunidades para que luchen contra el maltrato

Hayek insiste en que el comunicado ha sido copiado de la página de internet 'Islam Question & Answer' donde expertos en jurisprudencia islámica elaboran las respuestas a las preguntas que se plantean en la misma. En la respuesta se dice además que si el marido continúa con esa actitud violenta entonces "es permisible que ella le pida el divorcio para aliviarse del daño que él le está haciendo y es permisible para ella acudir a la Policía para que la protejan contra la agresión de su marido, haciendo que se comprometa a no volver a golpear a su esposa y amenazándolo con la cárcel si vuelve a hacerlo".

En el enlace se recomienda, eso sí, que esta no sea la primera opción que baraje la esposa porque "las leyes del país en el que estás viviendo pueden implicar castigos que no son permisibles en la ley islámica, como expulsar al esposo de su propio hogar, prohibirle el ingreso, determinar que la casa de él ahora le pertenece a la esposa, o detenerlo por un período de tiempo que no es proporcional a su ofensa".

Antes de todo se recuerda que el marido musulmán debe tratar a su esposa con dulzura porque Dios dijo "Tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia". Y si algo de ellas os disgusta, es posible que Allah haya decretado a pesar de esto un bien para vosotros".

La comunidad ha lamentado que "Ibn Rochd siempre está bajo el punto de mira y está claro que es horrible e intolerable que un hombre pegue a una mujer, pero si sucede es mejor tratar de reconciliarse a nivel familiar antes que recurrir a las administraciones por así decirlo".

Al Hayek cree que este tipo de situaciones no pueden suceder "en un país considerado laico y la verdad que si sucede esto y se malinterpreta todo entonces estamos en un país católico y los musulmanes nos vemos obligados a llevar la tradición a nuestra casa y punto".

Desde el Instituto de la Mujer se ha manifestado el rechazo "a cualquier recomendación que pudiera fomentar la indefensión de las mujeres y la impunidad de los maltratadores" y recuerda que "el Estado español respeta todas las confesiones religiosas, pero se rige por las leyes emanadas del Parlamento y las resoluciones judiciales, que son de obligado cumplimiento".