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CiU plantea medidas para evitar que se use a becarios como trabajadores ordinarios

CiU planteará este miércoles en la Comisión de Empleo del Congreso una proposición no de ley en la que reclama tomar medidas para evitar el fraude de utilizar a becarios para cubrir puestos de trabajo necesarios, sugiriendo por ejemplo la posibilidad de vincular las ayudas que se conceden a prácticas no integradas en un plan de estudios oficial a la existencia de una contratación laboral.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el diputado Carles Campuzano recuerda la necesidad de combatir desde todos los frentes posibles la economía irregular, lo que a su entender incluye la obligación de "regularizar situaciones alegales que encubren relaciones laborales", lo que reforzaría los derechos laborales de los trabajadores y, a la vez, contribuiría a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
"El encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas estaría incluido entre esos usos inadecuados", señala, subrayando que muchos de los periodos de prácticas, especialización o colaboración de los titulares universitarios se remuneran como becas a pesar de no estar asociadas a ningún convenio educativo ni estar integradas en planes de estudio oficiales.
POR LA VÍA LABORAL
Por eso, CiU cree que este tipo de situaciones deberían contar con un contrato laboral, y no con becas que "conllevan irregularidades laborales graves y un fraude a la Seguridad Social".
De hecho, esta situación ya se reguló en el caso de los programas de ayudas a la investigación, pero el intento de extender la medida al resto del mercado de trabajo ha sido "impreciso y difuso", lo que genera confusión en la gestión de las altas y bajas en la Seguridad Social.
En estas circunstancias, Campuzano cree necesario modificar la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, de 2011, para "poder contar con una regulación laboral explícita que dote de herramientas eficaces contra la lucha de los fraudes laboral, fiscal y a la Seguridad Social derivados de una extendida mala praxis consistente en encubrir puestos de trabajo de titulados académicos mediante estancias remuneradas en régimen de beca y sin ningún vínculo con centros educativos".
Así, propone al Gobierno "establecer que las ayudas procedentes de fondos públicos o privados que tengan por objeto subvencionar la realización de estancias formativas, de especialización u otras, cuando no estén integradas en planes de estudio oficiales y vayan dirigidas a titulados académicos, se deberán establecer y deberán estar condicionadas a la contratación laboral".
"Hacen falta herramientas eficaces contra la lucha de este tipo de fraude laboral, fiscal y a la Seguridad Social. Hay que ponerle fin a esta bolsa de empleo sumergido", concluye el diputado catalán.