Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cifuentes impulsa una Ley de Gobierno abierto que permite la participación de ciudadanos en la toma de decisiones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a impulsar una Ley de Gobierno Abierto que permite la participación de ciudadanos en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas públicas, ha informado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Cifuentes ha explicado que en el proyecto de Ley de Gobierno abierto, Participación Ciudadana y Transparencia se va a impulsar la transparencia y la implicación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, una norma en la línea de la "regulación de otros países europeas".
Como principio básico de la ley, de la que hoy se ha analizado un borrador, se garantiza la participación real de todos los ciudadanos en la actividad de las administraciones públicas, para lo que se hacen accesibles los documentos que obren en su poder y se garantiza la participación ciudadana en los asuntos y políticas públicas y en la toma de decisiones que les afecten. Por otra parte, esta nueva normativa incluye la regulación de los 'lobbies'.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se regulan las condiciones para promover la participación de los ciudadanos, de forma individual o colectiva, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como su participación en los ámbitos político, económico y cultural.
En el ámbito del sector público de la Comunidad, esta participación se articula a través de tres instrumentos. Por un lado, las aportaciones ciudadanas, por las que se publica la opinión o propuesta de los ciudadanos sobre cualquier temática relacionada con la gestión pública, a través de un canal abierto en Internet.
Por otro, las consultas públicas, para recabar la opinión y las sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno, por vía telemática.
En tercer lugar, los procesos de deliberación participativa, en los que, a iniciativa de la Administración, se implicará a los ciudadanos en el diseño y evaluación de políticas públicas, tanto de forma presencial como telemática. Los resultados de la participación de los ciudadanos a través de estas vías serán públicos y no vinculantes.
TRANSPARENCIA
Además de permitir la participación, no vinculante, de la sociedad en la ejecución de las políticas públicas, la nueva ley obligará a la administración pública y organismos, entidades y empresas públicas dependientes, a la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y otras corporaciones de derecho público a hacer transparente su actividad.
La ley obliga a la Administración Pública de la Comunidad y a todos los organismos, entidades y empresas vinculadas o dependientes; a los ayuntamientos y todas las entidades dependientes; a las universidades públicas de la Comunidad; y a todas las asociaciones constituidas por la Administración pública en la región.
En el desarrollo de actividades sujetas al derecho administrativo, la norma también será aplicable a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas y la Comisión Jurídica Asesora y a las corporaciones de Derecho Público.
CONTENIDOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN
En lo referente a publicidad activa de información para garantizar la transparencia de su actividad, las obligaciones de la nueva ley también se extienden a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban, en un año, ayudas o subvenciones públicas de más de 50.000 euros o cuando el 30 por ciento o más de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen un mínimo de 5.000 euros.
El proyecto de ley detalla los contenidos mínimos de información que deben publicar todas las entidades e instituciones obligadas. Entre estos contenidos se incluye información relativa a altos cargos, funcionamiento del Gobierno, materia normativa y contratos, subvenciones, patrimonio, planes y programas.
Por último, la norma establece un régimen sancionador por incumplimiento de las garantías de información y participación ciudadanas, que puede llevar aparejado el cese en el cargo desempeñado e importantes multas económicas.