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Citados este lunes los trece imputados del caso Peaje por un presunto perjuicio de 42 millones del Consell de Mallorca

La Fiscalía Anticorrupción concretará las imputaciones que pesan sobre ellos, entre quienes se encuentran varios exaltos cargos
La Fiscalía Anticorrupción concretará este lunes, en una vistilla fijada a partir de las 10.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, las imputaciones que pesan sobre los trece encausados del conocido como caso Peaje, que desde principios de 2009 investiga el presunto perjuicio de 42 millones de euros del Consell de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.
Mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, la jueza Ana San José cita a los imputados y al Ministerio Público para que emitan sus alegaciones sobre los hechos indagados, tras haber acordado la transformación de esta causa de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular. En su resolución, la magistrada subraya que existen indicios suficientes de que los inculpados incurrieron en delitos continuados de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y fraude a la administración.
En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.
Tal y como recalca la jueza en su auto, después de que el Consell suscribiese el 24 de junio de 2004 el contrato para la ejecución de las obras con la concesionaria Pamasa -constituida un mes antes y que a su vez subcontrató los trabajos a la UTE investigada-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Así, según la resolución judicial, se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.
699.000 EUROS PARA UN CHALET QUE DISFRAZARON DE TEMPLO CHINO
Entre los gastos cargados al Consell se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.
De hecho, Francisco Orejudo y otros encausados aseguraron en el marco de esta causa que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-. Unas justificaciones que la jueza califica en su auto de "surrealistas" como lo son, añade, las declaraciones de los testigos que "dicen haber aportado fondos, algunos desde Taiwán, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización".
"Además, añaden otra justificación igual de increíble como es que se iba a donar la casa a la asociación, aunque no el terreno", perteneciente a la mujer de Orejudo, también imputada.
Los imputados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, niegan un desvío a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
En concreto, los trabajos corrieron a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).
NULIDAD DE LAS PESQUISAS
Durante la instrucción de las pesquisas, uno de los imputados del caso, el excelador de la carretera Gabriel Mestre, reclamó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo tras detectar hasta 565 expresiones ininteligibles y otros numerosos errores en la transcripción de los interrogatorios practicados en la causa, lo que, tal y como alegaba su defensa, da pie a que varíe el sentido de las declaraciones y resulta "perjudicial para los derechos" de los inculpados.
Así lo exponía el letrado de Mestre, Josep de Luis, quien entre otras imprecisiones destaca las plasmadas como 'pequeño enterramiento' en lugar de 'pequeño cerramiento'; 'María Antonia Manara' en vez de Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca; 'Construcciones Montugi', que nada tiene que ver con las investigaciones y sin que "esta defensa sea capaz de identificar a qué se refiere"; e incluso frases como 'vinieron dos chicas de fotocool o no se qué'. Así hasta más de 500 ambigüedades y equívocos.