Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Comienza hoy en Málaga el juicio a Muñoz, Roca y otros 19 acusados por el caso 'Pinillo'

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar este lunes el juicio por la operación urbanística desarrollada en la finca 'El Pinillo' de Marbella (Málaga), caso en el que hay acusadas 21 personas, entre ellas el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el exalcalde de dicha localidad Julián Muñoz.
La Sala ha fijado por ahora 37 sesiones, con la previsión inicial de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
Anticorrupción acusa al exalcalde de Marbella, al cerebro del caso 'Malaya' y exgerente de Planeamiento 2000, a exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), a exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, se acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Además de Muñoz, hay otros ocho exediles, algunos de los cuales tendrán que ser trasladados de prisión donde cumplen condena por el caso 'Malaya'.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.
En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".
En este caso, la acusación señala que Roca promovió "la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados".
Asimismo, el ministerio público decía en su escrito que Muñoz "tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin"; mientras que los concejales integrantes de la Comisión de Gobierno, también acusados, "ratificaban de manera tan automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".
LA FINCA
Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, decía el fiscal, estuvo "lejos de promover la utilidad pública".
Tras toda la operación, el ministerio público alude a una infravaloración de los terrenos que cifra en un total de 6,7 millones de euros.
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, "de común acuerdo con Roca", y "tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no sólo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria".
La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Roca, "abusando de su posición de gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000", a través de sociedades gestionadas o controladas por abogados o testaferros, "realizó actos de tráfico jurídico-mercantil en relación con bienes municipales", en este caso concreto sobre 'El Pinillo', incurriendo con ello en "una prohibición expresa de contratación por funcionario público".
Esta acusación sostiene que este acusado "tenía planeado adquirir dicho crédito y, con él, la propia finca gravada para cederla a un promotor con vistas a su desarrollo urbanístico". Así, una parte de la operación fue "revestida de un desnaturalizado contrato de arras o señal", lo que daba entrada "en la maquinación fraudulenta planeada para adquirir la finca" a sociedades del entorno de un empresario, también acusado.
El escrito del fiscal relata también la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida; con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, así como la enajenación directa a una sociedad "de mera pantalla" y las diferentes ventas realizadas.