La directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid declara el martes ante el juez Eloy Velasco

La directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, declarará el próximo martes como imputada en el marco de la causa en la que se investigan las actividades de la red de corrupción Púnica, que presuntamente lideraba el exnúmero 3 del Gobierno regional Francisco Granados, informaron fuentes jurídicas.

La declaración de Gallego se producirá después de que el pasado 20 de marzo la periodista compareciera, acompañada de su abogado, en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), donde se acogió a su derecho de no declarar para hacerlo ante el juez instructor.

La imputación está relacionada con la firma de un contrato de seguimiento y posicionamiento 'on line' de noticias de la Comunidad de Madrid que la Administración autonómica firmó con el empresario Alejandro de Pedro Llorca, considerado por el magistrado como uno de los 'conseguidores' de adjudicaciones de la red corrupta.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, el contrato fue firmado a mediados de 2012 con un coste de unos 1.500 euros al mes y tenía como finalidad conocer las informaciones que circulaban en Internet sobre la Administración autonómica y no mejorar la reputación de sus altos cargos.

La empresa de De Pedro, Estrategia de Comunicación e Identidad On Line (EICO), enviaba un informe de seguimiento por el servicio aunque Gallego no los conserva porque los iba borrando, según señalaron las citadas fuentes. En este sentido, las directora de Medios confía en que estos reportes se encuentren en la documentación que la Guardia Civil reclamó a la Comunidad de Madrid el pasado 22 de enero.

SERVICIOS A OTRAS INSTITUCIONES

Según las citadas fuentes, el motivo por el que se decidió contratar con esta empresa era que en la Puerta del Sol no tenían capacidad técnica para controlar el volumen de información que se genera sobre la Comunidad en Internet. Además, acudieron a este empresario porque venía ofreciendo servicios similares a otras instituciones y empresas reconocidas, como la Casa Real o el Real Madrid.

Por un contrato similar con la empresa de De Pedro declaró el pasado 2 de marzo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que compareció en la Audiencia Nacional con la condición de testigo.

Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y el constructor David Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región.