Concluye tras unas 11 horas el registro en la Diputación de Lugo ordenado por la jueza Pilar de Lara

Sobre las 20,30 horas de este viernes han salido los agentes de las dependencias de la Diputación de Lugo, según han precisado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

El registro ha finalizado tras recabar información en el departamento de Fondos Europeos de la Diputación provincial después de haberlo hecho en las áreas de Vicepresidencia y Deportes. Pasadas las 19,00 horas la jueza y los agentes llamaron al jefe de este departamento para solicitar más documentación.

En los registros llevados a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han recogido facturas y otra documentación relacionada con el programa medioambiental de visitas 'Km 0' y también sobre acuerdos con el club deportivo Breogán en el área de Deportes.

En la mañana de este viernes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han acudido con la jueza Pilar de Lara a la institución provincial a pedir documentación y realizar volcado de ordenadores de las áreas vinculadas con el programa 'Km 0'.

En concreto, los agentes han solicitado en la Diputación el acceso y el volcado de ordenadores de varios departamentos, todos ellos relacionados con el citado programa de visitas, como Relaciones Institucionales, Unidades Km 0, Protocolo y Atención al Ciudadano, Gabinete de Comunicación y Contratación.

Una vez concluido el registro en el Gabinete de Comunicación de la institución provincial, los agentes presentaron un nuevo oficio para el volcado de información de ordenadores en Vicepresidencia y Deportes, áreas que gestionan los socios nacionalistas del ejecutivo de la Diputación de Lugo.

Del área de Deportes, los agentes han requerido documentación de acuerdos con el Breogán, equipo de baloncesto de la ciudad de Lugo del que el accionista mayoritario es la Diputación.

Precisamente el presidente del club deportivo del Breogán es el vicepresidente de la institución provincial lucense, el nacionalista Antonio Veiga.

AYUNTAMIENTO

Estos registros han sido ordenados por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que también ha mandado este viernes el volcado del ordenador de un funcionario del Ayuntamiento de la capital luguesa y recabar documentación en el marco de las mismas diligencias previas sobre el programa medioambiental y de visitas 'Km 0' que ha llevado a otro registro en la Diputación provincial.

Fuentes municipales han puntualizado que una comitiva judicial, acompañada de agentes, ha acudido en la mañana de este viernes al Ayuntamiento de Lugo para recabar información de los servicios de Archivo, Informática y Contratación.

CAJÓN FORZADO

En el marco de los registros, según han precisado fuentes de la institución provincial a Europa Press, los agentes tuvieron que forzar el cajón de la jefa de prensa de la Diputación de Lugo al encontrarse ésta de vacaciones y no estar la llave disponible para que se pudieran llevar documentación que habían acudido a buscar.

Las mismas fuentes han restado importancia a este hecho ya que no les quedó más remedio que forzar la cerradura del cajón ubicado al lado del teléfono al no tener la llave en el lugar.

La Diputación ha aclarado que los agentes han acudido a pedir documentación y realizar volcado de ordenadores a los departamentos relacionados con el programa 'Km 0', como son Relaciones Institucionales, Atención al Ciudadano, Comunicación y Contratación.

REGISTRO EN JULIO

El pasado mes de julio agentes de la Policía Judicial habían acudido de nuevo a la Diputación de Lugo para recabar información complementaria sobre este programa de visitas 'Km 0'.

Aquella visita judicial partía de una orden de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, en la que se había facilitado a los agentes toda la información que solicitaron. Ahora, por las nuevas normas de reparto, De Lara se ha hecho cargo de estas diligencias.

En abril de 2013 el PP se había hecho eco de que varias personas ligadas con este programa de visitas, en parte financiado con fondos de la Unión Europea (UE), habían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía, "a raíz de las denuncias de varios trabajadores", que supuestamente "incluirían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral".

El Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital abrió diligencias sobre esta cuestión, si bien la Diputación negó "tajantemente" cuando trascendió la investigación de la Fiscalía la posibilidad de que hubiese malversación de fondos en la gestión del programa.