Condenan a un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación al exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez por el 'caso Uniformes'

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, les impone dicha pena como autores penalmente responsables de un delito continuado de prevaricación y de un delito continuado de negociaciones prohibidas.

A la también exalcaldesa Eva Corrales (PP) le impone una pena de siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, si bien la absuelve del de negociaciones prohibidas por el que también estaba acusada. Cabe recordar que Corrales ya fue condenada por la Audiencia a cuatro años y medio de cárcel y a once y medio de inhabilitación por el 'caso Horas Extra', pena que fue confirmada en mayo por el Tribunal Supremo (TS).

A la esposa del exalcalde y a Isidro Martín Bejarano --a quien la acusación ha atribuido el papel de testaferro del exalcalde-- les condena a un año de prisión y a dos de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, a los que añade otros siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

El exedil del PP Ismael Puyana y su esposa --quien, como la mujer de Lorenzo Sánchez, también figuraba como titular de una de las empresas investigadas-- han sido condenados a seis años de inhabilitación especial como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Al exedil de RRUU Jesús María Corrales le impone una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado, absolviéndole del de negociaciones prohibidas por el que también estaba acusado.

ABSUELTOS

Por otra parte, la Sección Cuarta de la Audiencia ha absuelto a Antonio alcedo, José Márquez, Carmen Laynez y Juan Carlos Utrera de los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas por los que estaban acusados.

Luis Barrera, Manuel González Martín Bejarano, Teresa Villanueva, Pedro Beejarano, Cristina Bernal, Auxiliadora Delgado y Juan Antonio Liaño también han sido absueltos de los delitos de prevaricación de los que venían acusados, al igual que el exalcalde de Chipiona (Cádiz) Antonio Peña (PP), que era edil de Rota en el momento de los hechos investigados.

En cuanto al delito de falsedad del que se acusaba a Lorenzo Sánchez y a su esposa, a Isidoro Martín Bejarano y a Ismael Puyana, se ha declarado prescrito.

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también impone a los condenados porporcionalmente dos tercios de las costas del procedimiento.

EL CASO

Cabe recordar que el juicio por el 'caso Uniformes' se celebró el pasado mes de mayo en nueve sesiones en la Audiencia Provincial de Cádiz, sentando en el banquillo a 20 personas --mayoritariamente funcionarios y concejales de los sucesivos gobiernos de PP y RRUU en la localidad--.

La Fiscalía solicitaba penas que iban desde los nueve años de inhabilitación a los cinco de cárcel y 19 de inhabilitación que proponía para Lorenzo Sánchez, a quien se refirió durante el juicio como "el máximo responsable y cabeza pensante" de una "estructura piramidal" supuestamente diseñada en el Ayuntamiento roteño para beneficiar, mediante "adjudicaciones absolutamente ilegales", a empresas en las que él y otros miembros de la Corporación tenían intereses.

Cabe señalar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota finalizaba a principios de febrero de 2015 la instrucción del caso, señalando en el auto emitido entonces la existencia de indicios racionales de criminalidad por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde y otros responsables municipales.

Dichas empresas eran la sociedad cooperativa Coanda --dedicada a la confección de vestuario laboral--, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, supuesta empresa pantalla que vino a sustituir a las dos anteriores para burlar la prohibición de contratar con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público.

Como se recordará, en la última sesión del juicio, celebrada el 31 de mayo, Lorenzo Sánchez tomó la palabra para pedir al tribunal una "rápida" sentencia absolutoria después de cuatro años de proceso y "padeciendo", también en los cinco años previos en los medios de comunicación, una situación que atribuía a una "estrategia política del PSOE", que fue quien interpuso la querella que dio origen a la causa y que ejerció la acusación popular.