Condenan a un alumno de 16 años a un año de libertad vigilada por amenazar y agredir a un profesor

De esta forma, la magistrada María Teresa Carrasco sentencia los hechos ocurridos el 3 de febrero de este año cuando el alumno durante el recreo, según se recoge en la sentencia a la que ha accedido a Europa Press, se dirigió a uno de los profesores de guardia y le amenazó profiriendo entre otras expresiones "te voy a cortar la cabeza" o "ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia".

Posteriormente, en la Jefatura de Estudios, el menor propinó un puñetazo en la cara al citado profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión, además de un proceso de ansiedad de los que tardó 22 días en recuperarse.

Al menor se le condena tras considerarlo culpable de los delitos de amenazas y atentado, en concurso ideal con un delito de lesiones leves. La sentencia ya es firme y ha sido dictada con la conformidad del menor.

El menor, según la sentencia, padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (THDA), de ahí que se le haya impuesto también el seguir un tratamiento psicológico durante el año de libertad vigilada.

REACCIÓN

El profesor, que ha podido ejercer la acusación particular, ha contado con la asistencia legal prestada por los servicios jurídicos de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).

Esta asociación, a través de un comunicado, ha insistido en "la completa desprotección en la que se encuentra el profesorado de la enseñanza de los niveles no universitarios de la comunidad autónoma" y ha tachado de "desidia" la actitud de la Consejería de Educación que "viene tratando estas salvajadas, a las que considera usualmente como hechos puntuales.

Prueba de ello, dice APIA, es "la falta absoluta de desarrollo reglamentario en nuestra comunidad autónoma de la modificación legal aprobada por la Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa", que entró en vigor en diciembre de 2013, otorgando al profesorado la condición de autoridad pública.

Añade que la situación es de "una patente inseguridad jurídica" para el profesorado puesto que desde la Consejería se ha llevado a cabo la modificación de la legislación docente para promover una aplicación efectiva del precepto citado.

"En los Institutos de Educación Secundaria no se respeta la presunción de veracidad del profesorado, ni se tiene la menor constancia de que la Consejería haya promovido en algún momento ante la Fiscalía la calificación como atentado de los numerosos incidentes graves con relevancia penal protagonizados por alumnos y/o sus padres o tutores legales, de los que el profesorado ha sido víctima, abocando con ello a su más absoluta desprotección", sostiene APIA.