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Condenan a 23 y 22 años de cárcel al sicario y a la mujer que contrató para asesinar a su compañero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a 23 y 22 años de cárcel al sicario y a la mujer que lo contrató, respectivamente, para supuestamente asesinar a su compañero de piso con el fin de hacerse con su pensión en una vivienda de Huerta de la Reina, en la capital cordobesa, en diciembre de 2010, al tiempo que absuelve a la pareja de la acusada, procesado por ser cómplice en los hechos y que el jurado declaró no culpable.
Así lo han confirmado a Europa Press los abogados de los dos condenados, a quienes el jurado consideró culpables en el juicio celebrado la semana pasada, y detallan que ambos acusados han sido condenados a 18 años de prisión por un delito de asesinato y cuatro años de cárcel por robo, mientras que el varón también ha sido condenado a otro año más por amenazas.
En este sentido, los abogados recuerdan que interpondrán recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y en el caso de la mujer acusada, su abogada alude a la posibilidad de pedir el indulto al Gobierno, como ya señaló el jurado al pensar que su intención fue dar un escarmiento a la víctima y beneficiarse económicamente del dinero de la pensión, pero no acabar con su vida, aunque el fiscal ya manifestó su oposición a dicha solicitud.
Al respecto, el jurado declaró no culpable a la pareja de la acusada al considerar que no participó en el asesinato, si bien cree que esta última participó en los hechos al "haber encargado su ejecución bajo precio, recompensa o promesa". Y en el caso del sicario, lo consideró culpable material de la muerte, pese a que no se encontraron restos biológicos de él en el piso donde sucedieron los hechos, y que sustrajo dinero de la víctima empleando violencia e intimidación, al tiempo que cree que es culpable de haber proferido expresiones que denotaban el propósito de acabar con la vida de la acusada para conseguir más dinero por su participación en el asesinato.
En concreto, el Ministerio Público relataba en su escrito de calificación que, en febrero de 2010, la procesada, de nacionalidad paraguaya, y su pareja iniciaron una relación sentimental y de convivencia en un piso de la capital, en el que conocieron a la víctima, con el que el varón llegó a tener "una buena relación", hasta el punto de "con el fin de abaratar costes, decidieron vivir en un piso los tres y un hijo menor de edad de la mujer".
En el mes de agosto de 2010, la pareja de la acusada ingresó en prisión para cumplir una pena impuesta por unos hechos que nada tienen que ver con este procedimiento, pero "de común acuerdo" los tres decidieron continuar con la idea de compartir vivienda. En septiembre, la mujer, su hijo y la víctima se trasladaron a un piso en la calle Abderramán III. Sin embargo, la convivencia "se fue deteriorando" debido a que él "era consumidor habitual de alcohol".
La mujer sabía que su compañero de piso recibía todos los meses "una importante cantidad de dinero" de una pensión y que en diciembre iba a cobrar alrededor de 5.000 euros, dado que a la cantidad habitual le sumaría la paga extra.
Así, en parte a que la relación "se había deteriorado" y que quería "conseguir el dinero" de la víctima, la mujer le pidió en noviembre a su pareja, en una visita que le hizo a la cárcel, que "le indicara una persona que pudiera darle un escarmiento" al compañero de piso. Según precisa el fiscal, la mujer buscaba "una persona que agrediera y quitara la vida" al hombre, que "le sustrajera el dinero, con el que le pagaría en parte el encargo efectuado" y el resto se lo quedaría ella.
De este modo, su pareja le puso en contacto con el otro acusado, amigo suyo que vivía en La Carlota, y a finales de noviembre se citaron en un bar de la capital cordobesa, donde la mujer supuestamente le encargó a este y a otra persona, de nacionalidad colombiana y que no ha sido identificada, que le quitaran la vida a su compañero de piso, al tiempo que les dijo que les pagaría con el dinero de la pensión. Además, como sabía que cobraría el 30 de noviembre y que ese mismo día sacaría el dinero, la mujer acordó con los sicarios que llevarían a cabo el plan el 1 de diciembre.
EL DÍA DEL PLAN
En concreto, el día 1 de diciembre, entre las 8,15 y 8,30 horas, la mujer se fue a llevar a su hijo al colegio y poco después, según habían concertado, los dos sicarios, con las llaves que ella les había facilitado, accedieron al piso "portando cuchillos, navajas u otros instrumentos cortantes y al menos un martillo", detalla el fiscal.
Al entrar en el dormitorio, la víctima se despertó y "de inmediato" recibió un puñetazo en la cara. Aunque intentó huir, los presuntos agresores le propinaron a continuación seis puñaladas en el pecho y en el abdomen, cinco más en la espalda, al tiempo que le golpearon dos veces "de forma contundente en la cabeza con el martillo".
Tras ello, los sicarios limpiaron el piso para evitar que quedaran huellas y buscaron el dinero, sin que lo encontraran, motivo por el que después llamaron a la procesada, quien regresó entonces al piso, vio el cadáver, cogió 1.200 euros y se dirigió hasta donde estaba uno de los presuntos asesinos para entregarle el dinero.
Posteriormente, la mujer fue a una floristería para comprar macetas y volvió al piso. "Con el fin de simular que estaba sorprendida con la situación", dejó las macetas tiradas en el descansillo y en la entrada de la vivienda y comenzó a gritar para avisar a los vecinos de que había encontrado el cadáver tirado en el suelo, momento en el que uno de los vecinos llamó a la Policía.
LA RESOLUCIÓN DEL CASO
Dos años después, en octubre de 2012, el sicario con el que contactó la mujer y amigo de su pareja acudió al domicilio de estos en Fernán Núñez y le reclamó a la ahora acusada que no le había pagado todo el dinero que habían convenido por matar a su compañero de piso, por lo que "había tenido que vender un coche para pagar a la persona de nacionalidad colombiana" y supuestamente los amenazó con matarlos "si contaban algo".
No obstante, la pareja de la mujer decidió acudir a la Guardia Civil el 11 de noviembre de 2012 y contó lo que había sucedido, según se lo había relatado ella, indica el fiscal, quien precisa que cuando ocurrieron los hechos el hombre asesinado estaba separado y tenía tres hijos mayores de edad que no convivían con él.
LA POSTURA DE LOS ACUSADOS
El hombre acusado de asesinar a otro, junto con una persona más que no ha sido identificada hasta el momento, declaró en el juicio, celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial, que "no sabía nada de esta historia" hasta dos años después de los hechos, cuando fue detenido, al tiempo que ha defendido que es "incapaz" de matar a alguien.
Por su parte, el otro acusado y la mujer se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el fiscal citó cada una de las preguntas que les iba a hacer, y entre las que cuestionaba a la acusada por el cambio de "hasta cuatro veces en sus manifestaciones". Los abogados de ambos defendieron su inocencia.