Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Congreso paga 2.813 euros al mes a 28 diputados que dejaron la Cámara el 20D

Los grupos podrán iniciar el proceso para derogar leyes del PP sin nuevo GobiernoInformativos Telecinco / Agencias

El Congreso sigue pagando una indemnización de 2.813 euros al mes a 28 diputados de la Legislatura que concluyó con las elecciones de diciembre, unos pagos que suman más de medio millón de euros y que en esta ocasión se van a tener que abonar en paralelo a los de la indemnización de transición que pueden solicitar los diputados que han dejado de serlo con motivo de la disolución de las Cortes a causa de las elecciones de junio.

La denominada indemnización por cese puede ser solicitada por los parlamentarios que han tenido escaño durante un mínimo de dos años, y no se puede compatibilizar con ninguna otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.
Esta incompatibilidad ha llevado a que algunos de los exdiputados que la pidieron hayan dejado de percibirla al encontrar trabajo, como ha sido el caso de exministros como la 'popular' Ana Mato o los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez.
Incompatible con otro sueldo
Entre los 28 que a finales de abril aún la percibían, figura el 'popular' Ignacio Gil Lázaro, que fue miembro de la Mesa del Congreso en la X Legislatura, y que aún podrá cobrarla durante 21 meses más hasta llegar al máximo de dos años que fija el Reglamento de pensiones parlamentarias. En total percibirá 67.532,88 euros.
Durante 17 meses más, hasta otoño de 2017, la podrá cobrar la exdiputada del PSC Isabel López i Chamosa, que tiene derecho a una veintena de mensualidades (56.277,4 euros en total), mientras que el socialista Julio Villarrubia, podrá hacerlo durante 15 meses más, hasta alcanzar los 19 cobros a los que tiene derecho (53.463,53 euros).
El secretario general del PCE, José Luis Centella, quien ejerció como portavoz parlamentario de IU hasta diciembre, también figura entre los beneficiarios de esta indemnización, que podrá percibir otros once meses (hasta primavera de 2017) y que, de completar ese periodo, sumará 33.766,44 euros.
En total, si todos los que aún la cobran reciben todas la mensualidades y no se ven obligados a renunciar a ella por encontrar un trabajo, la Cámara tendrá que abonar aún 557.146,26 euros por estas indemnizaciones.
Otras pensiones parlamentarias
Además, todavía hay 104 exdiputados de antes de 2008 que siguen cobrando las pensiones que se suprimieron hace unos años para los nuevos parlamentarios pero que se mantienen para los que lo hacían hasta ese momento.
El Congreso está abonando cada mes 106.700 euros por este concepto, lo que supone una media de unos 1.000 euros por beneficiario. Los que perciben una mensualidad mayor son el exsocialista y posterior fundador de IU Pablo Castellano que recibe 2.995 euros y la exdiputada de IU Cristina Almeida después de Nueva Izquierda, con 2.695 euros.
También hay 53 veteranos exdiputados que perciben un complemento de pensión que les paga el Congreso para que puedan llegar a la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. Hace dos legislaturas la Cámara eliminó esa ayuda, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo. El total que se paga al mes por estos complementos es de 48.600 euros, una media de poco más de 900 euros mensuales.
En el régimen de protección social del Congreso se incluye, asimismo, una ayuda para cónyuges o hijos de diputados fallecidos que actualmente perciben 63 beneficiarias. Esta pensión, pensada para personas en situación económica co mplicada, debe solicitarse expresamente y, si se concede, se revisa de forma anual. Actualmente supone un coste de 61.800 euros al mes, lo que supone una media de 980 euros por caso.