El Congreso debate mañana la propuesta de IU para frenar la privatización de la sanidad española

De momento, IU cuenta con el respaldo de su grupo parlamentario, la Izquierda Plural, conformada por IU, ICV y la CHA, así como del PSOE, según han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Para Llamazares, el Ejecutivo del PP está utilizando la crisis como "excusa" para acelerar la política de privatizaciones en el sistema sanitario, con medidas como el "repago" y los distintos niveles establecidos en la cartera de prestaciones, de forma que parte quedará en manos privadas y otra en las públicas.

Además, el parlamentario asturiano defiende que las comunidades autónomas "privatizadoras de hospitales" --a su juicio, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia--, son las "más ineficientes" y donde mayor nivel de gasto hay.

"Los repagos y la cartera de servicios, entre otras medidas, producen efectos negativos a la hora de acceder a la atención sanitaria, especialmente en los sectores más desprotegidos", señala Llamazares.

INCREMENTO DE LA MORTALIDAD

En este sentido, resalta que estudios de organismos internacionales demuestran que el modelo de gestión privada supone un incremento del 2 por ciento de la mortalidad y del 9 por ciento de la mortalidad infantil, en relación con los sistemas de gestión pública.

Así las cosas, Llamazares afirma que esta iniciativa responde a "la campaña generalizada" puesta en los últimos años en algunas comunidades para "desprestigiar y desmantelar" la sanidad pública, introduciendo "nuevas formas de gestión empresarial", con la disculpa de innovar, mientras que lo que en realidad desean es poner por delante el ahorro, "olvidando la calidad de la atención sanitaria".

De hecho, en la proposición de ley, IU plantea garantizar que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea de titularidad pública y, asimismo, sólo se puedan establecer acuerdos con entidades privadas sin ánimo de lucro y siempre privadas de forma excepcional y "necesitados de justificación".

El objetivo, explica en la iniciativa, es que la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria se lleve a cabo "directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho".

Asimismo, propone que sea el Gobierno, mediante decreto, así como las comunidades autónomas, "en los ámbitos de sus respectivas competencias", quienes determinen las formas jurídicas, los órganos de dirección y control, el régimen de garantías de la prestación, la financiación y las peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de estos centros, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas".