El Congreso estudia el martes cómo responde a la amenaza del Gobierno de plantear un conflicto por los vetos

La Mesa del Congreso estudiará el próximo martes su respuesta ante la amenaza del Gobierno de plantear un conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional por no haber atendido los vetos planteados a distintas proposiciones de ley presentadas por la oposición, entre ellas la que se refiere a la paralización de la LOMCE.

En total, el Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de 16 leyes planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no había usado esa capacidad de veto ni cuando tenía mayoría absoluta, ni en la pasada legislatura de la primera mitad de año. Hasta ahora, las 115 proposiciones de ley vetadas corresponden a Gobierno socialistas, y el grueso (93 iniciativas) datan de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando su Gobierno empezó a tomar medidas de ajuste para cumplir los compromisos presupuestarios.

DE TODOS LOS PARTIDOS Y DE COMUNIDADES DEL PP

En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras tres que buscan para ampliar la supresión de tasas judiciales, la iniciativa conjunta de PSOE, Podemos y otros grupos para subir las pensiones en 2017, una del Grupo Socialista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y cuatro leyes llegadas de parlamentos autonómicos: una de Murcia para fomentar el autoconsumo eléctrico, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores.

Cada una de estas proposiciones de ley fue objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de más de 6.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.

En el caso de la subida de pensiones, el último veto registrado, el Ejecutivo habla de un coste de más de 1.150 millones; sobre la paralización de la LOMCE dice que España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos; y en cuanto a la supresión de tasas judiciales a ONG's el Ejecutivo dice que su aprobación causaría una pérdida de recaudación aproximada para el Estado de unos 15 millones de euros.

La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, no atiende los vetos del Gobierno. De momento ya levantó los relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y la de trabajadores de subcontratas. Y las otras iniciativas quedaron a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara presentara un informe sobre las posibilidades de actuación.

En ese contexto, el Gobierno presentó un recurso formal de reconsideración ante la Mesa del Congreso para que la Cámara rectifique su negativa a atender los primeros vetos, lo que se interpreta como el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La Mesa del Congreso tiene ya el informe de los letrados, que no ofrece instrucciones concretas, pero ya da pistas a los representantes políticos para que sepan a qué atenerse. Fuentes de la Cámara aseguran que los servicios jurídicos constatan que hasta ahora los vetos eran atendidos por el Congreso, lo cual no sorprende porque, a diferencia de lo que ocurre hoy, el partido de gobierno tenía asegurada la mayoría en la Mesa, y añaden una sentencia del TC para advertir de que, si el Legislativo quiere desoír esos escritos, deberá argumentar por qué no hace caso al riesgo presupuestario que alega el Ejecutivo, que es quien gestiona los recursos públicos.

EL PP DA POR PERDIDO EL VETO A LA PARALIZACIÓN DE LA LOMCE

El órgano de gobierno tiene de plazo hasta el 21 de diciembre para responder a la reconsideración que pide el Gobierno, aunque en el PP ya dan por perdido alguno de los vetos, como el relativo a la LOMCE, ya que unas semanas después ha sido el propio Ejecutivo quien ha acabando aprobando un decreto ley para paralizar la llamada "ley Wert".

En este proceso de reflexión, desde Moncloa se va a tratar de concienciar a la oposición de los riesgos de abrir un nuevo conflicto entre los dos poderes pues, a diferencia del que se interpuso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario, esta vez sí pueden provocarse perjuicios económicos al Estado.

En el Ejecutivo están convencidos de que el Tribunal Constitucional respaldará sus vetos y puede acabar anulando las leyes que haya aprobado el Parlamento e incluso exigiendo el abono de compensaciones e intereses por la pérdida de ingresos producida.