El Congreso abre la puerta a reformar la ley de secretos para adelantar la desclasificación de documentos

El PP accede a revisar la ley de 1968 pero no acepta que baste el paso del tiempo para publicar documentos que comprometen la seguridad

El Congreso de los Diputados, pese a los recelos del PP, ha abierto la puerta este martes a reformar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, al apoyar la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años y reservados en 10 años, lo que, entre otras cosas, permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición y de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En la frustrada legislatura anterior, la Cámara Baja también aceptó discutir sobre esta iniciativa, pero no pudo seguir su habitual trámite parlamentario ante la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones del pasado junio.

Ahora los nacionalistas vascos han vuelto a llevar al Pleno esta proposición para poner fin a que el Gobierno de turno se ampare en que la actual ley no establece norma alguna para desclasificar documentos y "no caiga en la desidia e inercia de no desclasificar nada", según ha denunciado el representante del PNV, Mikel Legarda.

El portavoz de Justicia del PNV ha defendido que su propuesta no es ningún "parcheo" y ha retado al PP a que, si así lo sigue considerando, emplace al Gobierno de Mariano Rajoy a presentar de una vez un proyecto de ley en esta materia.

CIUDADANOS PASA DEL SÍ A LA ABSTENCIÓN

El PSOE, Unidos Podemos, ERC, la antigua Convergència (CDC) y Compromís han adelantado su respaldo a la toma en consideración de esta iniciativa por tratarse de una ley preconstitucional y por la necesidad de priorizar la transparencia sobre la opacidad. El PP ha avanzado su rechazo a la misma, mientras que Ciudadanos, que hace siete meses lo apoyada, ha optado ahora por la abstención.

En nombre del PSOE, el diputado Artemi Rallo ha justificado su voto a favor de la proposición de los nacionalistas vascos en la necesidad de promover una reforma general de la Ley de Secretos Oficiales, reforma que el PP, según ha criticado, no ha querido impulsar en los últimos cinco años porque "vive más cómodo en la opacidad que en la transparencia".

En términos similares, desde Unidos Podemos Juan Manuel del Olmo ha censurado que con la actual legislación no haya problema alguno para acceder a la información anterior a 1931 y sí a partir de ahí. Según sus palabras, la actual ley, impulsada por Manuel Fraga, fundador del PP, es "la mejor expresión de un régimen asustado".

Desde Esquerra Republicana (ERC), Xavier Eritja ha adelantado su apoyo a una reforma que supone una oportunidad para cambiar un "anacronismo de 40 años" y para que el día de mañana los nietos de los republicanos catalanes puedan conocer los detalles de la 'Operación Cataluña'.

Por Convergència, Jordi Xuclá ha subrayado que ésta es una materia "muy sensible" que requiere que el Gobierno plantee un proyecto de ley para evitar que, por ejemplo, lo único que se haya desclasificado en los últimos tiempo haya sido un informe sobre los avistamientos de OVNIS. De su lado, Enric Bataller, de Compromís, también dará su respaldo a la propuesta del PNV porque no quieren que continúe el "oscurantismo" en España.

PP: NI RIGOR, NI CALIDAD, NI RESPONSABILIDAD

Por el contrario, el nuevo portavoz del PP en la Comisión Constitucional y ex secretario de Estado de seguridad, Francisco Martínez, ha criticado la iniciativa del PNV por ser un "parche" que pone de manifiesto "poco rigor", falta de "calidad" y cierta "irresponsabilidad".

Según ha explicado, el PP admite que la ley de 1968 requiere una reforma integral porque tiene aspectos mejorables, pero considera que los secretos de Estado son una "materia extraordinariamente sensible y compleja" que requiere un estudio riguroso y evitar un "reduccionismo peligroso".

A su juicio, no puede bastar el paso del tiempo para publicar materias clasificadas que afectan a la seguridad del Estado y en concreto ha citado la estructura y las fuentes de la lucha antiterrorista o el mapa de las infraestructuras críticas del país. Otra cosa es que se permita su conocimiento a determinadas personas, como los parlamentarios con acceso a secretos: "Acceder sí, desclasificar no", ha resumido.

De su lado, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutierrez ha avanzado que su grupo se abstendrá ante la iniciativa de los nacionalistas vascos porque si bien se necesita una reforma de la citada ley, no quieren un "parche", sino un proyecto de ley. De hecho, ha instado al Gobierno a que en seis meses plantee uno cumpliendo así, según ha revelado, con el compromiso que el PP ha adquirido este mismo martes en este sentido.

PRÓRROGA EXCEPCIONAL Y MOTIVADA POR OTROS 10 AÑOS

La proposición aprobada contempla la necesidad de que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".

Además, el texto incluye la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron.

También plantea suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.

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