Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Nueve cargos de la Consejería de Economía de Castilla y León declaran mañana como imputados en un juzgado de Valladolid

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar este miércoles como imputadas por un presunto delito de "prevaricación administrativa" a nueve personas con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, según informa el Tribunal Superior de Justicia.
La lista de citados está integrada por Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio de Prevención; Miguel Ángel Díez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía) y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía.
Con los indicios presentados al juez, éste determinará si las citadas personas han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública--tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros--han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y que así se pudiesen adjudicar directamente.
Tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción, la investigación del juez parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.