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Nueve cargos de la Consejería de Economía de CyL declaran mañana como imputados en un juzgado de Valladolid

(Sustituir por ésta la anterior noticia sobre el mismo tema, ya que en la primera se indica por error que el interrogatorio es este miércoles, cuando se celebra el jueves)
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar este jueves como imputadas por un presunto delito de "prevaricación administrativa" a nueve personas con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, según informa el Tribunal Superior de Justicia.
La lista de citados está integrada por Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio de Prevención; Miguel Ángel Díez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía) y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía.
Con los indicios presentados al juez, éste determinará si las citadas personas han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública--tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros--han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse asi adjudicar directamente.
Tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción, la investigación del juez parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.