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El Consell de Mallorca se adhiere a la querella contra los crímenes del franquismo

El Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca ha decidido este miércoles adherirse a la querella sobre los crímenes contra la humanidad investigados por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en Mallorca.
Además, se ha acordado denunciar en el marco de la misma causa, al consejo de guerra y la condena a muerte del presidente de la Diputación de Baleares durante el golpe de estado de 19 de julio de 1936 Jaume Garcias Obrador, fusilado el 4 de agosto de 1939.
La querella a la que se adhiere el Consell de Mallorca fue presentada por la asociación 'Memoria de Mallorca' amparándose por el principio de justicia universal el 14 de abril de 2010. El objetivo es que se investiguen los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se les sancione penalmente. Actualmente, alrededor de 32 familias mallorquinas se han personado por una querella que incluye unas 1.600 víctimas.
La denuncia concreta contra el proceso y el asesinato de Jaume Garcias Obrador responde a que la institución insular es la heredera de la antigua diputación y que Garcias es, desde septiembre de 2007, Hijo Predilecto de Mallorca. Al mismo tiempo, y según las informaciones aportadas por 'Memoria de Mallorca', no existen familiares directos de Garcias y, por ello, el Consell se hace cargo de defender la memoria, el honor y el reconocimiento del último presidente de la diputación republicana.
Garcias Obrador (Palma, 1894-1939) era electricista de la empresa GESA. Desde 1914 empezó a colaborar a la publicación socialista 'El Obrero Balear' y en 1920 se convirtió en presidente de la Sociedad de Electricistas de Energía. Sobre 1921 fue elegido presidente de la Agrupación Socialista de Palma y un año después fue vicepresidente de la Federación de Sociedades Obreras y, por tanto, también de la Casa del Pueblo.
En abril de 1931 fue elegido regidor del Ayuntamiento de Palma y en el 1933 fue nombrado presidente de la Unión General de Trabajadores de Mallorca. Después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Baleares.
En el momento del golpe de estado se encontraba en el Gobierno Civil, escapó y se escondió en el barrio de la puerta de Sant Antoni. No obstante, sobre el final de la guerra fue detenido en sa Indioteria, por lo que fue juzgado por un consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado en el cementerio de Palma.