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C's pide hoy en el Parlamento andaluz eliminar los aforamientos a nivel autonómico antes del final de la legislatura

El grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) defenderá una moción el próximo miércoles en la sesión plenaria relativa a transparencia, buen gobierno y fortalecimiento de las instituciones, en la que reclama a la Junta, entre otras cuestiones, la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico antes de que finalice la actual legislatura.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que consta de más de una treintena de puntos, la formación naranja también demanda que antes de finalizar el próximo periodo de sesiones los cargos institucionales de la administración autonómica andaluza que perciban una retribución pública no puedan recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria.
Se solicita también la elaboración de un registro público de todas las donaciones y subvenciones que reciben los partidos políticos; la prohibición de donaciones por parte de aquellos que hayan tenido, tengan o puedan tener en el corto plazo, relaciones con la administración autonómica, y prohibir las condonaciones de las deudas contraídas por los partidos políticos con entidades financieras.
C's reclama que aquellos procesos judiciales por corrupción política en los que obligatoriamente este personada la Junta por tener interés en ellos, se hagan públicos en el Portal de Transparencia anualmente, indicándose asimismo el estado en que se encuentren; y que se refuerce los mecanismos para evitar las llamadas 'puertas giratorias' a los responsables públicos y personal al servicio de la administración pública andaluza.
Otra de las peticiones es la relativa a que todos los partidos políticos remitan bienalmente a la Cámara de Cuentas de Andalucía, entre los meses de enero y febrero, su contabilidad, su estructura orgánica y las retribuciones realizadas; y a su vez, este órgano haga pública esta información antes del 30 de junio de ese año. La praxis de la citada instancia se formulará a partir del próximo año 2017.
Al objeto de dotar de más transparencia, objetividad y libre concurrencia al proceso de contratación pública, C's pide a la Junta que revise la normativa actual de contratación pública en Andalucía para, entre otras medidas, modificar el funcionamiento de las mesas de contratación, restringiendo con mayor rigor la contratación directa.
LEY DE SUBVENCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
Entre otras medidas también se encuentran que la Junta remita al Parlamento de Andalucía, antes del primer trimestre de 2017, el Proyecto de Ley Andaluza de Subvenciones con objeto de avanzar en la eficiencia, el control y la transparencia con la que deben gestionarse los fondos públicos destinados a ayudas de todo tipo.
Junto a ello, se pide que la administración autonómica publique cada 24 meses el inventario de sus bienes inmuebles y derechos reales y los datos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitas por éstas; y que se hagan públicos cada 12 meses los cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía y las remuneraciones de los mismos.
Además, se reclama que la Junta publique en el portal de datos abiertos en tiempo real y en formato 'open data' y reutilizable, toda la información, de forma estructurada e intuitiva, que elabore y maneje la administración pública andaluza para facilitar la transparencia y la participación ciudadana.
Otra de las demandas es la relativa a que antes de finalizar el presente año, entre en vigor el decreto regulador de la Tesorería General de la Junta, que obligará a publicar trimestralmente en el Portal de Transparencia la información detallada de todos los cobros y pagos realizados por este órgano, así como el saldo diario de las cuentas bancarias de la administración autonómica andaluza.
C's urge a la Junta a elaborar, antes de finalizar el segundo período de sesiones del próximo año, una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, que defina y desarrolle con mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos a la implementación del código ético para los gobernantes, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes.