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El Decreto-Ley del "mini-trasvase" a Barcelona acumula protestas

Sólo han pasado unas horas desde que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciara que el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para abastecer de agua a Barcelona "no es un trasvase, sino una conducción" y la polémica ya ha saltado en todas las comunidades e instituciones. Valencia y Murcia muestran su descontento y piden igualdad mientras los regantes del Ebro anuncian movilizaciones.
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha dicho en una reunión con cooperativistas en Cieza (Murcia) que "en una pirueta de marketing verbal, los que negaron el trasvase del Ebro construyen otro" para Barcelona". Valcárcel ha afirmado que "el Ebro es un río español y como Murcia es España queremos igualmente hacer uso de él".
La Generalitat Valenciana no ha tardado en contestar a De la Vega y afirmar que intenta confundir españoles al negar evidente trasvase. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha acusado a la vicepresidenta de haber "mentido e intentado confundir a los españoles y especialmente a los valencianos".
Los regantes del Ebro denuncian que el coste trasvase paralizará las inversiones hidráulicas. El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, César Trillo, ha asegurado que los 180 millones de euros que supondrán las obras del trasvase de aguas del Ebro a Barcelona condicionarán las inversiones estatales en obras de regulación en los tres próximos años.
Aragón aprueba el "mini-trasvase"
Mientras, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha asegurado que no se trata de un trasvase porque no hay afecciones a la Cuenca del Ebro. El dirigente de Aragón opina que el Gobierno "ha encontrado una solución sin necesidad de detraer un sólo litro del Ebro reasignando los derechos que desde 1981 tenía la Administración catalana sobre excedentes para el riego que no se utilizaban".