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La Defensora del Pueblo recuerda a los alcaldes que ciudadanos y concejales pueden grabar los Plenos municipales

Apunta también que no es legal cobrar menos a los residentes por un servicio: hay que buscar otra fórmula si se quiere hacer descuentos
La Defensora del Pueblo recuerda a los alcaldes en su informe del año 2015 que tanto los ciudadanos que asisten a los plenos municipales como los concejales pueden grabar las sesiones y que hay normas, sentencias e informes de la Agencia Española de Protección de Datos que lo amparan.
La institución ha acudido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)a la vista de las reiteradas quejas presentadas por ciudadanos y concejales porque los alcaldes no les permitían grabar los plenos.
Según la Defensora, algunos de esos alcaldes "prohibían la grabación sin una mínima motivación", otros alegaban que tenían facultad para hacerlo para controlar el orden público en el desarrollo de las sesiones, o que no estaba expresamente previsto en ninguna norma. Algún regidor aseguró por su parte que permitía grabar sonido, pero no las imágenes, para proteger la intimidad de los concejales.
La institución recuerda que hay normas, sentencias e informes de la Agencia Española de Protección de Datos que ampararían esas grabaciones. El propio Tribunal Supremo ha sentenciado que todo ciudadano que asista a un pleno y sin ser periodista pueda hacerlo, por los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.
Por ello, ha solicitado a la FEMP que se plantee enviar una carta a los alcaldes y presidentes de las demás entidades locales recordándoles que deben permitir las grabaciones.
SERVICIOS MUNICIPALES MÁS BARATOS
En su informe, la Defensora afronta también la decisión de algunos municipios que abaratan los precios de los servicios públicos para quienes son residentes de la localidad, frente a los que no lo son. Por ejemplo, para usar instalaciones deportivas o culturales o para asistir a cursos.
"Esta institución viene defendiendo que tal práctica no es acorde con el principio de igualdad de todos los usuarios en las tarifas de los servicios", se dice en el informe de 2015. La Defensora explica a los municipios que si quieren establecer rebajas, la ley sólo permite hacerlo según la capacidad económica de cada cual, es decir, tarifas reducidas o bonificadas para sectores desfavorecidos.
De no ser así, "podría dar lugar a discriminación en el caso de que algún ciudadano tuviera que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio distinto".