Denuncian al juez Ismael Moreno por su falta de "interés y celo" para investigar la muerte de un español en el Sáhara

La Liga Española Pro-Derechos Humanos ha denunciado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su falta de "interés y celo" para investigar la muerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema, que se produjo el 8 de noviembre de 2010 durante unos disturbios que tuvieron lugar en el denominado 'campamento de la Dignidad' de El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental.

La asociación, que ejerce la acusación en la causa, recalca en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el magistrado recibió la querella a finales de 2010 y que desde entonces no ha practicado diligencias ni ha dictado "una sola resolución" que justifique "la dinamización investigadora" que debe corresponder a un juez instructor.

El presidente de la Liga, Francisco José Alonso, firmante del escrito, pide al CGPJ que actúe contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 por "la desatención y el retraso injustificado y reiterado en la iniciación y tramitación del procedimiento" con que, a su juicio, está actuando el magistrado, que "ha lentificado un proceso tan singular y grave como el que nos ocupa sin razón alguna que lo justifique".

Como ejemplo, Alonso señala que el abogado de la asociación se personó el pasado 16 de septiembre en la Audiencia Nacional para conocer si desde julio se había producido algún avance en el procedimiento y una funcionaria, "con una amplia sonrisa", le impidió el acceso al expediente al no haber contestado Marruecos a la comisión rogatoria cursada por el magistrado.

A LA ESPERA DE RESPUESTA DESDE 2010

En noviembre de 2010 el juez Moreno pidió información a Marruecos para saber si estaba investigando estos hechos, en los que además del ciudadano español murieron un centenar de personas y desaparecieron otras 600, según los cálculos de la asociación querellante.

El fiscal Pedro Martínez defendió que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad en un escrito en el que aseguraba que la actuación de la policía marroquí se dirigió contra "un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado un grupo nacional o étnico".

La querella está dirigida contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, los titulares de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el gobernador de El Aaiún, Mohammed Jelmous, el jefe de la Policía del cuerpo especial de los GUS y "aquellos policías todavía sin identificar que intervinieron directamente en el asesinato" de Baby Hamday Buyema. A todos ellos se les imputaban los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro.

El pasado 23 de junio el Pleno de la Sala Penal avaló la continuidad de este procedimiento a pesar de la limitación de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno, al considerar que el lugar en el que se produjo es competencia de la jurisdicción española, ya que desde 1965 nuestro país es "potencia administradora de derecho" en el territorio del Sáhara, "conforme a las normas establecidas por Naciones Unidas".