Denuncian ante el Ministerio de Industria las concesiones de la prospección Castor y la desaladora de Escombreras

El abogado murciano Diego de Ramón ha solicitado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una investigación sobre la concesión a una misma empresa de las prospecciones de gas en la costa de Castellón y la desaladora de Escombreras, al entender que en ambos casos "cobra por la obra y por una explotación sin poder realizar", mientras que los perjuicios económicos de ambos proyectos "se retraen a los consumidores".

En concreto, De Ramón ha enviado al Ministerio una denuncia administrativa para que se investigue por qué no se ha utilizado el seguro de responsabilidad civil para cubrir el perjuicio económico que conlleva el cierre del proyecto de prospecciones de gas submarino Castor y, en cambio, este coste "repercutirá en los recibos mensuales de consumo de gas ciudad de los usuarios".

En el escrito, recepcionado por el Ministerio el pasado 29 de octubre, De Ramón recuerda que el Gobierno quiere desmantelar el almacén submarino, operativo frente a las costas de Castellón, por los "cientos de microseísmos registrados en la zona en septiembre y octubre del año 2013". A cambio, recuerda que el Gobierno fijó una compensación de 1.350 millones de euros en virtud del Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado el 3 de octubre, tal y como aparecía en el decreto de conexión fijado en 2008.

En concreto, el letrado murciano advierte que el Gobierno de la nación "pretende" que estos perjuicios "repercutan en los recibos de consumo de gas ciudad de los usuarios durante 30 años". Y por ello, se pregunta "por qué los perjuicios económicos se retraen a los consumidores, no los afronta el Ministerio de Industria, y se beneficia la empresa", al igual que sucede "en la desaladora de Escombreras" en Cartagena (Murcia).

De hecho, destaca que la concesionaria, empresa promotora de la adjudicación, está participada "por la misma compañía que se adjudicó la desaladora de Escombreras, donde reclama a la Comunidad Autónoma 600 millones de euros por la construcción de la misma y los beneficios durante 25 años de su explotación".

En las contrataciones públicas, esta empresa "siempre se ve beneficiada en Madrid y en Murcia en miles de millones de euros, cobrando por la obra y por la explotación sin poder realizar", según el letrado, quien insinúa que la compañía se aprovecha de un "vacío legal" y se opone al Decreto Ley que fija la compensación.

A su juicio, el Ministerio de Industria "debería haber exigido antes de la concesión de la licencia o incluso antes de ser operativa, un aval o garantía suficiente, como es obligación para cualquier obra empresarial sobre dominio público, para casos de daños colaterales" como "rotura de cables telefónicos submarinos, daños ambientales, interrumpir el tráfico marítimo, dañar los caladeros, romper o deteriorar el fondo submarino en las costas de Castellón o producir terremotos en menor intensidad que produzcan daños colectivos en las poblaciones inmediatas".

Así pues, sostiene que antes de haber concedido la licencia de prospección de la plataforma de gas Castor, "y con la garantía o aval suficiente, se tendría que haber pedido todos los estudios con el mayor rigor científico, geológico, arqueológico, ambiental y estudios del subsuelo marino, en cuanto a las capas tectónicas, situación y posibles choques y rozamientos".

De haberse cumplido estos trámites, De Ramón sostiene que "ahora no serían receptores obligados los usuarios del gas ciudad durante 30 años, repercutiendo en sus recibos 'caseros', pues habrían respondido los emisores del aval o garantía". En este caso, considera que podrían haber respondido "la propia empresa, un consorcio de seguros o una compañía internacional o europea".

En su opinión, podría tratarse de un caso "puro y duro" de responsabilidad patrimonial del Ministerio de Industria, al concederle una licencia con tales observaciones".

Así, se pregunta "por qué no se ha utilizado el seguro de responsabilidad civil, pasando directamente a la responsabilidad del usuario", y sugiere que esto es así "porque la aseguradora no querrá responsabilizarse de algo que no cumplió debidamente dicho Ministerio de Industria".

Todo ello, siendo el beneficiario "la concesionaria, que verá aumentada su facturación por los trabajos que conlleven la administración y mantenimiento de la instalación".

De Ramón se pregunta si "acaso los técnicos del Ministerio de Industria, asesores jurídicos y demás personal funcionarial altamente cualificado, con los avanzados procesos de tecnología nacional e internacional, no tenían previsto la posibilidad de que una vez iniciadas las perforaciones pudieran haber cientos de microsismos en la zona".

El abogado ha anunciado que dará cuenta de todo esto a la Comisaría de la Unión Europea de la Competencia, para que "estudie o investigue si esta vía utilizada a favor de la empresa pudiera ser una ayuda institucional en perjuicio de otras empresas, creando una competencia desleal nacional y europea, pues las compensaciones económicas fueron aprobadas después de la concesión por acuerdo del Consejo de Ministros".